Alarmados por los estragos en la salud humana, provocados por una alimentación industrializada artificial y contaminada con pesticidas de alta toxicidad, la Unión Europea está planteando orientarse paulatinamente hacia una alimentación más sana, basada en cultivos agroecológicos; programa denominado: “De la granja a la mesa”. Y como primer paso, se propuso emitir el Reglamento sobre Productos Fitosanitarios que restringiría más el uso de pesticidas, principalmente los que contienen glifosato, que resultan altamente peligrosos para la salud humana, pero también para todos los seres vivos, como las abejas.
De inmediato, las grandes empresas de agroquímicos y sus asociaciones de supuestos productores agrícolas, se han movilizado para bloquear y posponer la emisión de tal reglamento, argumentando que de prohibirse los herbicidas en Europa, se generará una crisis en la producción de alimentos, agravada también por la guerra ruso–ucraniana. Ante las evidencias cada vez más contundentes de que el glifosato genera cáncer, malformaciones, encefalopatías, autismo, parkinson y alteraciones en los sistemas reproductivo, endócrino, renal y cardiovascular, entre otras, varios países europeos (Italia, Francia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y Holanda), por su cuenta han venido restringiendo su uso, preparando el camino para su prohibición total. Hay que señalar que las medidas restrictivas van en el sentido de eliminar su uso en el territorio europeo, pero siguen permitiendo su producción y su comercialización en países extranjeros, muchos de los cuales le venden sus productos contaminados al mismo mercado europeo; es decir, que la toxicidad regresa finalmente a Europa por otro camino. El club de los agrotóxicos, conformado por Bayer–Monsanto, Syngenta, BASF y Corteva, principalmente, están gastando millones de euros en campañas seudocientíficas que siguen negando la toxicidad de sus productos y afirmando que sin ellos, no se pueden producir alimentos suficientes; en este sentido, acaban de presentar un estudio encargado y financiado por ellos, de la Universidad de Wageningen, en Holanda, cuyo objetivo de claros tintes neoliberales es: “Explorar el potencial de la naturaleza para mejorar la calidad de vida”.
Como se recordará, el uso de plaguicidas está ligado estrechamente al uso de semillas transgénicas que se fabrican inmunes a tales venenos, lo cual implica que los granos así cultivados, además de los efectos negativos que conllevan en sí mismos los organismos genéticamente modificados, conllevan también altas dosis del glifosato aplicado para liberarlo de malezas. Hace algunos años se comprobó en Alemania, la presencia de glifosato en la sangre de consumidores de cerveza, por ejemplo. En el caso de nuestro continente, Argentina ocupa el primer lugar en el cultivo de transgénicos (soya y maíz, principalmente) y en la cantidad de glifosato aplicado masivamente mediante fumigación aérea. Desde 2003, la sociedad civil argentina comenzó una larga lucha para documentar y denunciar todos los problemas de salud generados en los pobladores aledaños a los campos de cultivo, llevando el caso hasta la Corte Penal Internacional, con lo que han logrado prohibir las fumigaciones en áreas cercanas a las poblaciones, pero aún no es suficiente. A finales del mes pasado, la Corte Suprema de Estado Unidos ratificó de manera definitiva e inapelable el fallo judicial que condenó a Monsanto–Bayer a pagar 25 millones de dólares a Erwin Hardeman como indemnización por haber contraído cáncer de linfa (Linfoma no Hodgkin) por el uso prolongado del herbicida Roundup. Esta sentencia abre la puerta para que se resuelvan en el mismo sentido las 30 mil demandas similares existentes.