El acceso a la justicia es un derecho fundamental que reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 21, en sus párrafos primero y segundo, y 102, apartado A, párrafo cuarto de nuestra Carta Magna, prevén la obligación del Ministerio Público de investigar los delitos, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, atribuyéndole, además, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales respectivos, y establecer medidas integrales para la reparación del daño y la garantía de no repetición.
De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), el derecho de acceso a la justicia es multidimensional, abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, y la provisión de recursos para las víctimas. El Comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a las mujeres la realización de su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha mantenido niveles de impunidad, corrupción y violencia institucional, las mujeres expresan la falta de confianza, por lo que las denuncias realizadas e informadas por la procuraduría no demuestran la realidad de los niveles de violencia que vivimos las tlaxcaltecas; las instituciones hablan de promover una cultura de denuncia, pero no llevan a cabo acciones concretas para eliminar las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres que deciden denunciar.
El pasado lunes se llevó a cabo el examen de oposición para ocupar la titularidad de la PGJE de Tlaxcala, las tres postulantes presentaron sus propuestas en caso de ocupar el cargo; las tres demostraron desconocimiento de los mecanismos básicos para atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, falta de perspectiva de género y un grave desconocimiento sobre los delitos contra mujeres y niñas del estado.
Durante la evaluación, algunas de las preguntas constantes realizadas por el sínodo a las tres candidatas giraron en torno a la reciente declaratoria de la Alerta por Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala, la cual sigue siendo desconocida para las abogadas postulantes; ninguna demostró conocer el contenido de ésta, la cual contiene, en su mayoría, medidas que le competen directamente a esta instancia, y será la procuradora la responsable de coadyuvar para modificar los contextos de riesgo y la violencia feminicida que la misma Procuraduría ha generado.
Durante la comparecencia pública, escuchamos frases trilladas sobre las mujeres, comentarios muy generales sobre la realidad que vivimos, incluso se visibilizó la criminalización hacia las mujeres respecto del derecho a decidir que se mantiene en el sistema de justicia, en contradicción a los comentarios previos sobre su formación en perspectiva de género; y aunque sabemos muy bien que la postura personal nada tiene que ver con la garantía de nuestros derechos, es una realidad que el sistema de justicia opera bajo estas ideologías.
Nada nuevo, las propuestas se basan en capacitación (que nunca han sido evaluados los innumerables cursos llevados a cabo), trabajo en conjunto con otros estados (aunque no se mencionó ninguna estrategia concreta), prevención del delito (con las mismas dinámicas que ya se han aplicado); todo lo que ya se encuentra en un marco normativo y que simplemente no se conoce y no se aplica.
Los conocimientos técnicos y académicos en materia jurídica no se traducen en conocimiento y transversalización de la perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, pues prevalecen acciones de revictimización; ejemplo de esto han sido los procedimientos abreviados frente a delitos como el feminicidio, no está de más recordar que dos de las únicas tres sentencias por este delito se resolvieron por procesos abreviados, lo que ha significado los graves niveles de impunidad ante la violencia extrema; así como la constante promoción de la conciliación ante las denuncias por violencia familiar. Ambas prácticas se mencionaron durante las participaciones, por lo que nos preocupa que no haya cambios en las formas de atender las violencias.
Ninguna de las participantes cuestionó la aplicación de los mecanismos, protocolos o leyes, pues la omisión del marco normativo ya existente ha sido el grave problema en la procuración de justicia; nadie debatió sobre la existencia de la Unidad Especializada para la Investigación del Feminicidio, la cual ha demostrado un funcionamiento opaco y cuestionable, sigue siendo el Equipo Especializado de Homicidios el que acude ante los hechos de posibles feminicidios, con la creación de esta Unidad no se han observado cambios en los niveles de impunidad.
Muy lamentable también resultaron las preguntas del sínodo, refiriendo que por ser mujeres la procuradora y la gobernadora, ahora sí se atenderán los delitos por razón de género, como si las obligaciones del Estado dependieran del sexo de quienes están al frente de las instituciones; nuevamente se responsabiliza a las mujeres por las violencias que se ejercen contra nosotras y que se delegan a las funcionarias, como si eso asegurara el cumplimiento de sus obligaciones para atender de manera adecuada todas las formas de violencia contra las mujeres.
Finalmente, no figura que en Tlaxcala se transite esta institución a Fiscalía, a pesar de ser una exigencia desde hace tiempo, así como una de las medidas presentadas en la AVG, todo parece indicar que se mantendrá la figura de procuraduría, visibilizando la falta de intención en atender las necesidades que se requiere para contar con un sistema de justicia adecuado y actualizado.