Albergues en riesgo

La desregulación del Estado a finales de la década de los noventa y, principalmente con la alternancia política acaecida en el año 2000, la descentralización del control y seguridad en las regiones del país fue un hecho. A diferencia del pasado, la violencia no estaría concentrada en el Estado mexicano, éste no sería el único que administraría y ejercería el monopolio legítimo de la fuerza.

Con la alternancia, la administración y el uso legítimo de la fuerza–violencia se desagregó y fue encomendada a múltiples mediadores–intermediarios, los cuales la ejecutarían ambiguamente, es decir, de manera legal e ilegal en los ámbitos estatales, municipales y locales.

No es fortuito que emporios como el narcotráfico y empresas de mercado global encontraran protección en estos múltiples mediadores federales, estatales y locales paralelos al Estado que operaron de manera legal e ilegal: los primeros pagaban para proteger sus pactos de lealtad no firmados, plazas, rutas y, los segundos, para resguardar el tránsito de su mercancía por el país.


La desregulación y fragmentación de poder del Estado en actores, a nivel local permitió la consolidación de intermediarios entre el Estado, el narcotráfico y múltiples actores más. Esta estrategia facilitó la concreción de cárteles, grupos de poder paralelo en los ámbitos locales que además de cohesionar a través de la violencia legal e ilegal encontraron una forma de lucrar con todo lo que estuviera disponible en sus zonas de influencia. Una empresa irregular, paralela al Estado que de forma dinámica supo agrandar sus fortunas. La narrativa del Estado a través de los medios de comunicación ha llamado a estos grupos: “delincuencia y crimen organizado”. Para el caso de la migración los medios han afirmado acríticamente que el crimen organizado es el que está en contra de la migración.

La migración era de alguna forma vigilada por múltiples actores que entendieron que el migrante era un mercado, un flujo económico importante para las regiones en las que estos transitaban, desde los lancheros, camioneros, taxistas, operadores de camiones de carga, guardias de seguridad privada, polleros, agentes migratorios, agentes militares, policías federales, estatales y municipales obtenían jugosas ganancias de la migración, de manera legal e ilegal: cobros por tránsito, cobros por acompañamiento, cobros por uso de redes, cobros por traslados cortos y, sobre todo, cobros por la protección durante el tránsito local, así como también el soborno, el secuestro, la trata para fines sexuales y para trabajo forzado.

La organización de los grupos paralelos permitió al Estado mantener el fenómeno migratorio bajo control, observancia y relativamente cohesionado. En este contexto los albergues impulsados por la iglesia católica y la sociedad civil fungieron como un centro de ayuda humanitaria, como oasis en denominada ruta de la muerte.

Los albergues fueron útiles en la medida que lograban retener la migración, frenar los flujos poblacionales y facilitaba la vigilancia del desplazamiento por parte de los múltiples grupos paralelos de control. Los albergues a pesar de las inconformidades generadas en las comunidades donde éstos operaban fueron funcionales para el Estado, principalmente en términos de seguridad interna, porque a través de ellos se resguardaba, concentraba, controlaba y regulaba el flujo migratorio.

Los grupos de poder paralelos al Estado utilizaron clandestinamente a los albergues como puntos fijos, en las periferias de los recintos solían administrar sus negocios ilícitos y paralelamente vigilar, controlar y amedrentar el tránsito de los migrantes.

Esta estructura legal e ilegal ha sido funcional para el Estado de la alternancia política y redituable económicamente para sus grupos de control paralelo. Los grupos de control paralelo que han administrado el flujo migratorio han sido más exitosos que los grupos paralelos que han intentado controlar el narcotráfico en múltiples regiones del país.

El cambio impuesto desde Estados Unidos en el modelo de control migratorio mexicano revestido como una narrativa de seguridad interior ha removido el control y el negocio de los migrantes que operaron durante décadas a través de los grupos paralelos ya mencionados.

Con las operaciones de la Guardia Nacional y el control migratorio en el sur del país han vulnerado los monopolios de cohesión social y territorial de migrantes administrados por el Estado de la alternancia y sus grupos paralelos. Ha vulnerado la estabilidad del negocio, las rutas, el mercado y las relaciones sociales que se habían tejido en la migración. El papel humanitario de los albergues está hoy vulnerado.

En primer lugar porque parece no resistirán los reacomodos de los grupos de poder local paralelos al Estado, la intensidad de la violencia e intimidación que ejercen para evitar detener la migración, para facilitar el flujo cuando el negocio de estos grupos se ve amenazado por el control total de la migración a cargo de la Guardia Nacional.

La lógica de estos grupos radica en proteger su negocio manteniéndolo fuera del control centralizado impuesto desde Estados Unidos e impulsado por el gobierno de la Cuarta Transformación. El papel de los albergues hoy obstruye el círculo de las ganancias de los grupos de poder y antiguos mediadores del Estado ante la migración, los cuales tratan de evitar que la migración tenga estancamientos y centros de identificación y concentración. Para el nuevo gobierno, los albergues deben dejar de funcionar, pues es necesario invisibilizar la concentración migratoria para hacer mediáticamente más efectiva la política de contención en el sur del país.

El riesgo de los albergues hoy radica en las múltiples amenazas, intimidaciones y la violencia que puede desplegarse contra los responsables y voluntariado. Una violencia ambigua, extendida y ejercida por múltiples frentes, pero sin ningún responsable identificable. No, no es por la crisis migratoria, no es por la insuficiencia de recursos materiales y económicos, no es por el sobrado paternalismo o la búsqueda de otros esquemas de asistencia, es la centralización del control migratorio por parte del Estado y la vulnerabilidad de los negocios ejercidos por los grupos paralelos que operaron durante décadas con la aquiescencia del Estado mexicano.

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