El 3 de julio pasado concluyó en Ginebra, Suiza, la 26 Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una de cuyas conclusiones más trascendentales, se refiere a la creación de un grupo de trabajo que prepare un conjunto de normas internacionales obligatorias que obliguen a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Seguramente esto se quedará en “buenas intenciones”, pues es la tercera vez que se pretende llevar a cabo el mismo proyecto, siempre vetado por USA y las corporaciones transnacionales más poderosas, que han logrado evadir todo intento de regulación ética internacional, inventando declaraciones e instituciones–fachadas como la “Responsabilidad Social Corporativa” o el Global Compact, que son creadas por las mismas empresas para demostrar “su buena voluntad” de actuar éticamente, de darse un baño mediático de pureza ética, cuando en la realidad mantienen su comportamiento criminal y violatorio de los derechos, no sólo de los seres humanos, sino de todos los seres de la naturaleza.
Las empresas se autodeclaran “empresas limpias”, “empresas socialmente responsables”, “empresas éticas”, etc. El mejor ejemplo de esto fue el sonado caso de corrupción mediante sobornos de funcionarios de todos los niveles de gobierno en nuestro país, por parte de la empresa Wall–Mar, para obtener permisos de instalar sus centros comerciales en los lugares más emblemáticamente culturales, como el perímetro de la zona arqueológica de Teotihuacán. ¿Qué sucedió después de revelarse el escándalo? Nada: la empresa tuvo una multa simbólica mínima en Estados Unidos, y el Consejo de Administración dijo que iba a crear un organismo de fiscalización interna para evitar que eso volviera a suceder: ¡El criminal promete vigilarse a sí mismo!, eso fue todo, y en nuestro país, ningún nivel de gobierno investigó los permisos y dictámenes de uso de suelo falseados, o los funcionarios que acordaron esos permisos violando toda normatividad. Otro ejemplo acaba de suceder en Chile: la empresa minera Barrick Gold acaba de contratar como su representante ante el gobierno de Michelle Bachelet, a Eugenio Ortega Frei, sobrino del líder de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalvo, y esposo de la actual ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en el marco de liberar los obstáculos que la ciudadanía de Chile y Argentina, han logrado oponer al demencial proyecto Pascua–Lama de romper el hielo del Ártico para sacar minerales preciosos, aprovechando los contactos que este funcionario demócrata–cristiano ha tejido a lo largo de su carrera político–administrativa.
El creciente poder de las transnacionales se asienta en la inmensa concentración de riqueza que les permite generar proyectos de dimensiones inimaginables, comprando autoridades, funcionarios, académicos, o bien formando los suyos propios e incorporándolos al aparato burocrático. Su segundo soporte (Lex mercatoria) es el complejo entramado de tratados, acuerdos, declaraciones, etc., firmados por el imperialismo norteamericano, con todos los países del mundo mediante los cuales se apoderan de sus recursos naturales, los endeudan, les imponen las políticas neoliberales y arrebatan su soberanía. Finalmente queda la intervención armada, disfrazada de lo que sea, para “salvar a los países de sí mismos”.