La caja de cristal es negra. A los tlaxcaltecas les gusta el lado oscuro. “El Consejo General que está a punto de concluir deja en cuanto hace a niveles de transparencia, unos niveles bajos, no debemos ocultarlo”, afirma el ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
En 2006 se aprueba en Tlaxcala la primera ley de acceso a la información pública. Especialmente es relevante el artículo 15 que establece: “Las entidades públicas, en el ámbito de su competencia, difundirán de oficio” por lo menos: estructura orgánica, directorio de servidores, remuneración mensual, planes y programa y otros datos. En total 18 rubros.
Entre 2008 y 2016, la Comisión –hoy instituto– de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Caiptlax) evalúa el cumplimiento de los sujetos obligados. Los resultados muestran que odian eso de permitir al ciudadano el acceso a la información. Le encanta que la caja de cristal se mantenga negra, oscura, opaca.
La culpa es del gobernador. Se dice y escribe en coro. Pero a excepción del Poder Judicial, a todos los demás les encanta la opacidad. Congreso del estado, organismos desconcentrados, organismos descentralizados, presidencias municipales, partidos políticos. Y, en el absurdo, ni los ciudadanos tienen interés por la información pública.
Reprueban todos en las primeras tres evaluaciones
Libertad de Información–México A.C (LIMAC) efectúa el primer monitoreo de las 132 áreas responsables de la Información (julio de 2008) en tres rubros: 1) el acceso, 2) la infraestructura y 3) el servicio de las Áreas Responsables de Información. Se construye un indicador para cada uno de ellos –acceso 20 puntos, infraestructura 60 puntos y servicio 20 puntos. El puntaje de comparación es de 100 puntos. Como resultado el promedio es de 32 puntos.
En marzo de 2009, la empresa Smartsoft América realiza el monitoreo de las páginas web de 133 sujetos obligados. Se diseña un instrumento con dos categorías: 1) Usabilidad y acceso a la información, 40 puntos y 2) Transparencia, 60 puntos, para una puntuación ideal de 100 puntos. El resultado arroja un promedio de calificación de 54.78 puntos.
Un año después (marzo de 2010), Vladimir Juárez realiza el segundo “monitoreo” con el objeto de “verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (LAIP). Para lo cual elabora una escala con dos elementos: área responsable de información –50 puntos– y accesibilidad y transparencia –50 puntos. Un modelo ideal de 100 puntos. Los resultados muestran un promedio de 44.3 puntos.
De panzazo y entre tumbos, transcurre 2011, 2012 y 2013
El resultado de la “primera evaluación de los [137] sujetos obligados 2011”, realizado de manera directa por la Caiptlax, aunque no precisa metodología, también utiliza un modelo de calificación ideal de 100 puntos. El resultado es un promedio de 55.7 puntos.
Caiptlax se convierte en la evaluadora directa de los sujetos obligados. Realiza dos evaluaciones por año creando un Índice General de Cumplimiento (IGC) compuesto inicialmente por dos subíndices: Índice de Cumplimiento de Requerimientos (ICR) con un valor del 50 por ciento de la calificación y un Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio (ICIPO) con otro 50 por ciento para mantener la escala valorativa de 100 puntos. El promedio que alcanzan es de 62.25. Es la primera ocasión en que el promedio es aprobatorio, aunque rozando el “panzazo escolapio”.
En 2013, Caiptlax realiza lo que denomina “una evaluación integral”. A través del Índice General de Cumplimiento (IGC), compuesto por cuatro subíndices: Índice de cumplimiento de la información pública de oficio (ICIPO) –50 por ciento–, Índice de cumplimiento de los requerimientos de la Caiptlax (ICR–CAIP) –20 por ciento–, Índice de acceso a la información pública (IAIP) –20 por ciento–, Índice de acciones de capacitación (IAC) –10 por ciento.
Los resultados se ordenan en cinco grupos de 20 puntos cada uno: 1–19, 20–39, 40–59, 60–79 y 80–100. Lo que determina que solo dos rangos sean aprobatorios. En el de 60–79 se ubica el 22.14 por ciento y en el 80–100 el 29.28 por ciento. Esto significa que el 51.42 por ciento de los sujetos obligados cumple.
El Índice General de Cumplimiento 2014 y 2015
En 2014, el Índice General de Cumplimiento (IGC) vuelve a modificar sus indicadores. Se reduce a tres: Índice de Cumplimiento de la Información Pública de Oficio (ICIPO) –50 por ciento–, Índice de Cumplimiento de Requerimientos (ICR) –30 por ciento– e Índice de Participación del Sujeto Obligado (IPARSO) –20 por ciento.
En esta evaluación, en el rango de 60–79 se ubica el 23.23 por ciento y en el de 80–100 el 37.32. Lo que significa que el 60.55 logra una calificación aprobatoria, 9.13 puntos más que la evaluación anterior. El informe recupera la forma de presentación de resultados de 2012 y promedia las calificaciones obtenidas por sector gubernamental.
La evaluación 2015, utiliza el mismo Índice General de Cumplimiento, con los mismos puntajes y la presentación de resultados. El 28.16 por ciento obtiene una calificación de entre 60 y 79 puntos y el 43, 66 por ciento entre 80 y 100 puntos. El promedio, dentro de la escala que utilizan, que es similar a la escolar, puede considerarse como una calificación buena (77.26)
Como los cangrejos. 2016 vuelve a los resultados de 2008
El Índice General de Cumplimiento (en 2016 también utiliza una escala de 100 puntos. Se integra por cuatro subíndices. El de cumplimiento de obligaciones de transparencia (50 puntos), el de participación del sujeto obligado (20 puntos), el de capacitación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (20 puntos) y el de cumplimiento de requerimientos (10 puntos).
De los 143 sujetos obligados, la calificación obtenida por el Poder Judicial es de 91 por ciento, de 64 por ciento para los organismos autónomos, de 47 por ciento para el Poder Legislativo, de 34 por ciento para el Poder Ejecutivo, del 31 por ciento en las comisiones municipales de agua, de 22 por ciento los ayuntamientos y de 22 por ciento los partidos políticos.
De los 60 ayuntamientos, no hay uno solo aprobado. El que obtiene la más alta calificación (Emiliano Zapata) es de 50 puntos. De ahí para abajo, llegándose al grado de que los ayuntamientos de Acuamanala, Españita y Mazatecocho no registran ningún tipo de información y se encuentran en cero.
Entre las 16 dependencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo no hay una sola aprobada. De las 14 desconcentradas, tres obtienen calificaciones aprobatorias: Contraloría del Ejecutivo (68 puntos), Colegio de Bachilleres (85 puntos) y Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (88 por ciento).
De las 26 descentralizadas, no hay más que una aprobada y eso de panzazo. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (64 puntos). Se encuentran reprobadas la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Politécnica de la Región Poniente, Cecyte, Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y Universidad Tecnológica de Tlaxcala, que deberían ser ejemplo.
La caja de cristal es negra. No tienen vergüenza
El Congreso del estado –que debería marcar la pauta– apenas alcanza 59 puntos. Además, el Órgano de Fiscalización Superior, que debería ser la verdadera caja de cristal, se encuentra completamente ahumada al obtener 35 puntos. Es de destacar que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura alcanzan la mayor puntuación aprobatoria, los dos por arriba de 90 puntos.
Los partidos políticos que siempre están acusando a los otros, resultan ser una carga pesada para la ciudadanía. No hay uno solo que apruebe. El que obtiene la mayor calificación es el Partido Verde Ecologista de México con 41 puntos. Pero los que se consideran guardianes de la moral y las buenas costumbres, como el PAN, registra 6 puntos de 100 y el Partido del Trabajo, cero.
De los seis organismos autónomos, la mitad alcanza calificación aprobatoria: Instituto de Acceso a la Información (sic) con 91 puntos, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (81 puntos) y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (78 puntos), En consecuencia, están reprobados la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
La culpa es de los tlaxcaltecas
La culpa es de los tlaxcaltecas. Tal y como lo escribe Elena Garro en un cuento de 1964: ¡Cuánto coyote! ¡Anda muy alborotada la coyotada! Dijo con la voz llena de sal. Laura se quedó escuchando unos instantes. Malditos animales, los hubieras visto hoy por la tarde, dijo. Con tal de que no estorben el paso del señor, o que le equivoquen el camino, comentó Nacha con miedo. Si nunca los temió. ¿Por qué había de temerlos esta noche?, preguntó Laura molesta. Nacha se aproximó a su patrona para estrechar la intimidad súbita que se había establecido entre ellas. Son más canijos los tlaxcaltecas, dijo en voz baja”.
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Entre 2008 y 2016, la Caiptlax evalúa el cumplimiento de los sujetos obligados y los resultados muestran que odia eso de permitir al ciudadano el acceso a la información. Le encanta que la caja de cristal se mantenga negra, oscura y opaca