Una de las premisas del capitalismo neoliberal y, al mismo tiempo, uno de los requisitos indispensables para su funcionamiento pleno, es la homogeneización de todo: desde los patrones de consumo hasta los modelos de producción, pues así pretende controlar la vida de todos los seres humanos y, por lo tanto, todo lo que escape a su control es su enemigo; esto es válido para las diferentes culturas originarias que siguen resistiendo en nuestro país, hasta la biodiversidad de flora y fauna. Es por eso que desde hace varias décadas, se está llevando a cabo una guerra de exterminio de todo lo diferente (igual que la guerra de Trump), de todo lo que no esté patentado por una transnacional, de todo lo que permita una vida autónoma, sin dependencia del consumismo; de ahí el despojo de tierras, los supuestos “megaproyectos de desarrollo”, la minería a cielo abierto que devasta regiones enteras megadiversas.
En este contexto se puede leer la iniciativa presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada, del partido que supuestamente defiende el medio ambiente, el PVEM, de la Ley General de Biodiversidad, iniciativa que como siempre, presenta llamativas declaraciones en letras grandes para esconder la verdad de la letra chiquita. Esta iniciativa que se pretende aprobar al vapor y sin discusión, aprovechando que la atención está en los gasolinazos, las bravuconadas y el terrorismo de Trump contra los migrantes, en realidad significa un retroceso en la salvaguarda de la gran riqueza de la flora y fauna de México, misma que ya estaba protegida por la Ley General de Vida Silvestre, que ahora se pretende abrogar.
Afortunadamente numerosas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil tuvieron acceso al documento y lo analizaron minuciosamente, denunciando los verdaderos objetivos de esta pretendida “modernización”. Como resultado de este análisis, además de las contradicciones e incongruencias que van contra los objetivos de proteger la biodiversidad bajo todas sus formas, encontraron que con la propuesta se hace más difícil declarar áreas naturales protegidas, lo cual significará eliminar obstáculos para los megaproyectos destructivos; se elimina la protección a varias especies consideradas en peligro de extinción, como los loros, las guacamayas y las tortugas, lo cual se contrapone al arduo trabajo de numerosos organismos ambientalistas que llevan años luchando por su protección; se introduce el criterio de comercialización y explotación de dichas especies, lo cual significa que la naturaleza es “vendible”, sin importar la conservación y la protección; se establecen disposiciones que violan las normas fundamentales nacionales y también numerosas normas y tratados internacionales; estos son los puntos oscuros más sobresalientes que salieron a la luz después de este análisis, por lo que más de 50 organizaciones sociales y académicas están pidiendo que se retire la propuesta y que no se apruebe en lo oscurito como es costumbre.
No cabe duda que el capital aprovecha todas las situaciones para tratar de avanzar en algunos de los numerosos frentes que ha abierto en su lucha por apropiarse de los bienes comunes, ya sea la contaminación transgénica, la privatización del agua, el despojo de tierras ya sea para la minería a cielo abierto o para implantar “polos de desarrollo”, como en el caso de la armadora Audi, al oriente del estado. Cada intento debe servir para que la sociedad civil abra los ojos y nos cuestionemos qué tan cómplices somos de este proyecto de muerte, al someternos al modelo de consumo que nos presentan como el único posible.