En las últimas semanas hemos sido bombardeados con iniciativas y reformas en el ámbito federal, lo que ha motivado la movilización social de amplios sectores de la población. En algunas de esas reformas la privatización y la mercantilización de servicios básicos es lo que prevalece, bajo el esquema de los proyectos de prestación de servicios y la necesidad de hacer más eficientes y competitivas las actividades, abriendo espacios y beneficiando a la inversión privada trasnacional o nacional, y en ese sentido apuntalando nuevos procesos de acumulación para diversos segmentos del capital privado, que encuentra así nuevos ámbitos de negocios, al amparo de una nueva rectoría del Estado.
En Puebla, la cuestión no es menor. En una operación fast track, a iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se modificó la Ley de Aguas para el Estado de Puebla, reformándose el artículo 31 y el 118 Bis, donde se establece que “ los prestadores de servicio público tendrán las atribuciones para regular las participaciones del sector social o privado, celebrando instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán, derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del Concedente, los derechos derivados del título de Concesión o instrumento correspondiente”.
Dicho en otros términos, la modificación permite concesionar a particulares el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que actualmente brindan los municipios u organismos operadores. Además, los prestadores del servicio podrán establecer la estructura tarifaria para el cobro de derechos, productos y contribuciones, siempre que dichos prestadores tengan a su cargo dos o más municipios. Se determinó también que los adeudos de los usuarios serán considerados “créditos fiscales”, lo que permitiría a la autoridad emprender un proceso judicial contra los morosos que podría derivar en la imposición de sanciones por la comisión de un delito fiscal.
El argumento de la privatización responde a aspectos financieros y técnicos, dejando de lado el aspecto social y ambiental, que cualquier nuevo proyecto de gestión del servicio agua potable, alcantarillado y saneamiento debería tomar en cuenta. En la entidad poblana, y más concretamente en la ciudad de Puebla, los conflictos por el agua son una realidad, derivados principalmente del aumento de la demanda asociado a la expansión urbana e industrial y a lo que las comunidades consideran como un despojo de un recurso que les pertenece y que ha orillado a las comunidades a organizarse generando procesos de resistencia frente a la extracción del agua para la ciudad capital y su área de expansión, mientras en las comunidades donde se han perforado pozos profundos la disponibilidad del agua continúa siendo una demanda.
De los últimos conflictos, en tiempos de este gobierno, resalta el de Santa María Acuexcomac, pero ahí están los de San Buenaventura Nealtican, San Francisco Ocotlán, Xoxtla y otros más que estarían reflejando la necesidad de generar una propuesta de gestión social y comunitaria, donde la equidad, el ahorro y la reutilización del agua sea lo que prevalezca.
