Por un lado, el visible desenlace de un relato o mito surgido en 2001, a raíz de la lucha y resistencia de obreras y obreros en la entonces Kuk Dong para hacer respetar sus derechos humanos y laborales, y que culminó con la vapuleada de los granaderos, pero que al mismo tiempo representó un ejemplo a nivel mundial del llamado “nuevo sindicalismo”, encabezado por Hernández Ponce, quien entonces ganó la confianza de manera unánime.
Y por el otro, el evidente asentamiento de AC en sectores vital de Atlixco, y que marcan, según la perspectiva de sus aspiraciones políticas, un paso más hacia la conquista de la alcaldía local en los próximos años. En caso de ratificarse su victoria como “asesores” de los empleados de Mexmode, los antorchistas aquí tendrían bajo su control; por ejemplo, concesiones del transporte público, la secundaria más importante, la Técnica 3, franjas poblaciones, espacios en el ayuntamiento y sobre todo, mucha cercanía con el edil priista Eleazar Pérez Sánchez.
El viernes pasado, fecha pactada por la autoridad correspondiente en el estado para celebrar el cónclave definitivo tras medio año de problemas sindicales en Mexmode, los teléfonos celulares jugaron un papel fundamental. Esa tecnología fue utilizada, desde la explanada de la compañía, por los representantes y enviados de la Junta Local y Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la Secretaría del Trabajo (STPS) para recibir instrucciones, sobre todo los segundos, de su jefe, Pericles Olivares, y apagar la mecha del barril de pólvora en que estaba convertida la fábrica poco después de las 10 de la mañana.
Y también Soraya Córboda, una de las máximas representantes del antorchismo en Puebla, aprovechó esa ventaja, para desde afuera de la maquiladora, en la calle, girar todas y cada una de las instrucciones a Enrique Puente, el candidato a sustituir a Josefina Hernández, y a sus operadores acomodados en lugares estratégicos. Mención aparte merece Marytoña Espejel, directora de Cultura en la Comuna de Atlixco, quien una vez más olvidó trabajar (así ocurrió en reuniones anteriores de obreros) para sumarse a la causa.
La cita era a las 10 de la mañana. A esa hora aparecieron integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo, Pablo Arturo Díaz, Roberto Alonso y Enrique Martínez quienes de acuerdo con el proceso legal solicitaron hablar con los dueños de Mexmode para ingresar. Pasaron 40 minutos y no obtuvieron respuesta. Un policía dejó en claro que la orden era no dejarlos entrar.
Frente a la postura de los coreanos, quienes por cierto nunca dieron la cara, los miembros de la JLCA y de la STPS optaron por dejar todo y regresar a la capital del estado. Pero no contaron con la presión de los antorchistas, unos 50 apostados en el frente de la entrada, que los persiguieron hasta hacerlos retroceder y cambiar de opinión.
Con el ambiente tenso, y los granaderos a punto de activar los barriles de gas lacrimógeno, llegó la orden: abrir las puertas. Y casi en estampida entraron obreros, filtrados de AC y algunos reporteros.
Al pasar, los empleados formaron un cerco a los funcionarios estatales. Las órdenes del celular de afuera era no dejarlos un momento y presionar hasta llevar a cabo la asamblea extraordinaria. Por eso se convirtieron en sus escoltas y en sus perseguidores. Entonces la señal quedó clara: no habría salida hasta cumplir la solicitud de los empleados y de los antorchistas. Los “invitados”, considerándose ya como “retenidos o rehenes”, no encontraron otra alternativa, y arrancaron la reunión. Para ese momento, el retumbante grito de “¡queremos asamblea, queremos asamblea!” de los inconformes cesó tras 18 minutos seguidos de insistencia.
“Compañeros, levanten la mano para la destitución de Josefina Hernández”, soltó un obrero. Con la mayoría a favor, sentenció: “esta asamblea destituye a Josefina Hernández Ponce y nombra al comité de Enrique Puente”. Gritos y algarabía. El suceso es ratificado: “desarrollaron hoy un acto democrático, libre, y sin violencia por lo cual a nombre de la Secretaría del Trabajo y Competitividad los felicito”, dijo Pablo Díaz, ante la ausencia de los patrones.
Sin embargo, minutos después, los propios representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la Secretaría del Trabajo (ST) afirmaron que el caso aun no está cerrado totalmente. “Quizá para los obreros si, pero para nosotros todavía no del todo”, dijeron brevemente a la prensa. Argumentaron que tomarían en cuenta una serie de aspectos ocurridos antes y durante la asamblea en el momento de entregar la toma de nota.
Con el presunto visto bueno de las instancias correspondientes, 469 de un total de 665 trabajadores apoyaron a Enrique Puente. Sin embargo, al final algunos obreros admitieron que la orden de Hernández Ponce a sus seguidores fue no salir de las naves a la reunión. Además, el abogado de Sitemex, Arturo Blázquez, quien dijo tener la ayuda de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), adelantó que las autoridades laborales violaron la autonomía sindical por prestarse al juego de Antorcha Campesina.
Confesó que el Juzgado Segundo de Distrito admitió el amparo promovido para detener el nombramiento de Enrique Puente como secretario general, tema que Soraya Córdoba Morán conocía porque en un momento determinado, y al hablar con Puente en la reja de la entrada de la compañía, aceptó esa desventaja. Por eso la recomendación: “No dejen de presionar, no dejen de presionar para hacer la asamblea que ya está por llegar el amparo”, comentó.
