La política del atraco

Carlos Martínez García
Llegaron al poder y convirtieron el atraco en su política. A partir de 1997 candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para distintas delegaciones del Distrito Federal comenzaron a ganarlas en las casillas de votación. La ciudadanía de la capital de la República, cansada del fondo y forma con que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció por décadas el gobierno de la ciudad, le puso un alto al carro completo priísta y le cambió el rostro político/administrativo a la ciudad de México.

Las esperanzas de que el ejercicio del poder en las delegaciones por los perredistas sería distinto paulatinamente se fueron diluyendo ante las evidencias de crecientes corruptelas y reparto de beneficios al amparo de altos y medianos puestos en alguna de las 16 delegaciones que conforman al Distrito Federal. Los sucesivos delegados perredistas siguieron la misma línea de sus antecesores del PRI: tapar las anomalías y malos manejos del presupuesto público de quien les había antecedido en el cargo. Solamente cuando triunfaron electoralmente nuevos delegados que ya no militaban en el PRD, aunque antes sí eran integrantes del mismo, se ha podido conocer el grave deterioro en que están no nada más las instalaciones delegacionales, sino también turbiedades presupuestales y tráfico de influencias de los perredistas.

Los nuevos delegados de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán; Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y Tlalpan, Claudia Sheinbaum, integrantes del partido Morena que preside Andrés Manuel López Obrador, han denunciado que hallaron desoladas y prácticamente vacías sus respectivas oficinas. Sheinbaum y Monreal ni escritorios y computadoras encontraron para comenzar sus actividades administrativas. Ricardo Monreal en pocos días comprobó que la delegación Cuauhtémoc tiene un enorme ejército de pilotos aeronáuticos, que no pilotean aviones, sino que son expertos en pilotear el presupuesto público, es decir, son aviadores que ya ni siquiera aterrizan el día de quincena porque reciben su salario vía depósito bancario.

Quienes ahora denuncian y exhiben los escandalosos niveles de corrupción alcanzados por los delegados perredistas tienen que pasar de las conferencias de prensa en las que han ilustrado las numerosas anomalías de sus antecesores a iniciar procesos legales para que los atracadores no queden impunes. Dejar de hacer esto solamente contribuiría a que la impunidad siga como regla entre quienes abusando de un puesto de servicio público no tienen consecuencias jurídicas y, en su caso, penales. El movimiento de la siguiente pieza está en el lado del tablero de los delegados morenistas que tienen las evidencias de la corrupción, las que deben organizarse en un expediente y presentar éste en la instancia que corresponda. De otra forma todo quedará nada más en exhibición mediática y pirotecnia verbal.


Por otra parte, los delegados morenistas tienen ante sí el reto político y moral de ejercer el poder de forma radicalmente distinta a como lo hicieron los perredistas, y antes que ellos, creando escuelas, los priístas. La ciudadanía está absolutamente harta de los funcionarios que hacen suya la política del atraco y del atraco de la política. Somos multitud, creo no exagerar, los que deseamos las cosas sean distintas con las administraciones delegacionales presididas por Morena.

Ahora el discurso que cuenta tiene que ser para Sheinbaum, Monreal y Moctezuma (y los demás delegados identificados con Morena), el de los resultados claramente distintos a los de quienes les antecedieron en el cargo y depredaron bienes públicos. Si encontraron tráfico de influencias, facturaciones apócrifas, presupuestos de obras públicas inflados, extorsiones a poseedores de locales comerciales y vendedores ambulantes, contratación de familiares y amigos, opacidad en la rendición de cuentas, nómina abultada con aviadores, desviación de recursos para apoyar a candidatos de su opción partidista, abusos de autoridad, uso discrecional del marco jurídico, entonces su conducta personal e institucional tiene que dar pasos firmes para terminar con las anteriores y otras prácticas que castigan cotidianamente a la ciudadanía.

Los funcionarios de Morena tienen que aprender la lección de cómo se gestó lentamente la debacle electoral del perredismo en la ciudad de México. No fueron los retos y adversarios externos del PRD sus principales amenazas. Desde las entrañas perredistas se prohijó la corrupción que minó a un partido que en su fundación despertó esperanzas para conducir la transformación política/social del país. Los perredistas no pudieron, no quisieron, terminar con la corrupción y la corrupción, de la que se hartaron los votantes, los arrasó.

Una forma de blindar las administraciones delegacionales morenistas de las tentaciones a las que sucumbieron los del PRD es, además del talante personal distinto, abrir cauces a la observación y vigilancia ciudadana a las formas en que se conduce cada delegación. Además, cuando surjan las críticas que tengan sustento en evidencias de malos manejos por algunos subordinados, que no achaquen todo a intenciones aviesas de sus enemigos, sino que actúen como lo demanda su deber político y ético; sancionando a quien haya infringido la normativa que juró cumplir. Es tiempo de ejercer el poder como servicio a las ciudadanas y ciudadanos. El plazo para comprobar si lo hicieron así no está lejos: es 2018.