Buenos Aires. La cuarta huelga general convocada contra la política económica de Mauricio Macri paralizó hoy el transporte público en Argentina y afectó a los sectores de la educación, salud, bancos, aviación, entidades bancarias, justicia, puertos y comercios.
Agrupaciones sociales y sindicales cortaron en tanto los principales accesos a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre otros puntos del país.
El paro de transporte público fue convocado por la central obrera Confederación General de Trabajo (CGT), que nuclea a los principales gremios. Fue antecedida por una masiva manifestación el lunes en Buenos Aires de otras centrales sindicales que reclamaron poner fin al ajuste económico, repudiaron el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional y demandaron una ley “antidespidos”, un aumento de las jubilaciones y medidas para superar “la emergencia social”.
Pablo Micheli, líder de una de las ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), llamó al gobierno a evitar el ajuste y abrir una nueva ronda de negociaciones salariales paritarias para equilibrar los sueldos con el ritmo creciente de inflación.
“O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno”, advirtió en un discurso en la Plaza de Mayo que generó polémica. El paro del transporte público desde el primer minuto del martes afectó al resto de los sectores económicos y obligó a muchos trabajadores a buscar otras opciones para trasladarse o quedarse en sus casas.
La empresa de bandera Aerolíneas Argentinas suspendió hoy todos sus vuelos domésticos e internacionales, al tiempo que los de otras compañías aéreas se verán afectados por la huelga en los aeropuertos.
Los bancos permanecerán cerrados y la huelga afecta a las escuelas y universidades públicas. Tampoco funcionan las oficinas judiciales, las estaciones de servicio que expenden combustible y muchos comercios no abrieron a primera hora.
El presidente Macri se encuentra en Nueva York, a donde viajó para reunirse con inversores, empresarios y hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en momentos en que se define un nuevo acuerdo con el FMI para calmar los temores de los mercados a una posible cesación de pagos.
La devaluación del peso agravó la inflación, que superaría el 40 por ciento en 2018, y la situación económica, con un año que cerrará en recesión, según admite el propio Gobierno.
La crisis llevó el desempleo a un 9,6 por ciento de la población económicamente activa, el nivel más alto en doce años, así como a un aumento de la pobreza.
El gobierno impulsa ahora un fuerte ajuste fiscal para conseguir en 2019 un déficit cero en las cuentas públicas, que implicará un amplio recorte de gastos en numerosas áreas. Ministros del gabinete nacional advirtieron que “no es el momento” de realizar una huelga porque está impulsando “un esfuerzo colectivo con empresarios y trabajadores para superar esta crisis”.
Con información de La Jornada