La activista y defensora de los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez presentó, este lunes, al Congreso local una iniciativa para que los 60 ayuntamientos apliquen la llamada Ley 3 de 3, a fin que ninguna persona pueda ser postulada o nombrada como funcionaria pública si cuenta con una sentencia definitiva por violencia sexual, violencia en razón de género o si es deudora alimentaria.
Acompañada por activistas y diputadas locales, explicó que se trata de una iniciativa ciudadana “para ningún agresor llegue al poder”, luego de que la Cámara de Diputados rechazó desaforar al legislador, Cuauhtémoc Blanco, para que fuera investigado por intento de abuso sexual.
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“A los diputados y diputadas de esta legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala y a los 60 municipios del estado de Tlaxcala, queremos esto en la ley y que no vamos a solapar a ninguna agresión al poder, esté en el área de gobierno en la que esté, para que se enteren una vez que lo mismo el menor escalafón de poder hasta el más alto tiene que cumplir la ley. Está en la Constitución del país, está en la Constitución de Tlaxcala y tiene que estar en todos los reglamentos, leyes secundarias y códigos del marco jurídico del estado. No vamos a permitir tampoco que se nos vea la cara, como este teatro que se ha juntado”, dijo.
En su visita por Tlaxcala, la activista destacó la importancia de que los municipios armonicen la Ley 3 de 3, toda vez que “actualmente solo dos de cada 10 niños o niñas que deben recibir la pensión la reciben y eso de quiénes las madres casi se les va la vida en tratar de judicializar un caso para pagar el tema de la pensión.
Además, a nivel nacional se tienen registrados un promedio de 35 millones de hogares como deudores alimentarios, que también escala a agresores vicarios, mientras que de acuerdo a datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registran “100 agresiones sexuales por hora, si contamos abuso, acoso, hostigamiento, violación simple, violación equiparada o tortura sexual y que voy a tener que decir en la vergonzosa capital de la trata de personas de Tlaxcala de lo que también esta violencia implica para niños, niñas y mujeres”.
Sin embargo, lamentó que únicamente ocho de cada 100 víctimas se atrevan a denunciar y “por desgracia, México y encabeza el primer lugar de violencia sexual infantil en el mundo, mientras que la violencia familiar es el segundo delito de mayor impacto del país”.
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Ante este panorama, diputadas del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala, Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano se comprometieron a impulsar la armonización para que esta iniciativa no se envié a la “congeladora”.
“Vamos a dar la batalla fuerte con la diputada que estoy segura que con muchas otras compañeras para que se armonice, que es lo que nos toca al congreso, pero además desde esta trinchera y todas juntas decirles a las regidoras sobre todo a cada uno de los cabildos que les toca presentarlo para los bancos de policía, que es muy importante, porque eso ya les toca a ellas porque eso ya les toca los cabildos”, dijo la perredista Flores Lozano.
