Violencia sexual contra mujeres con discapacidad no se denuncia; el agresor suele ser un familiar: ITPCD

La violencia sexual hacia mujeres con discapacidad “es fuerte” y se ha detectado principalmente en municipios de la región oriente y norte del estado, donde el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) ha intervenido, junto con otras dependencias en la atención de al menos cinco casos, ya que difícilmente este tipo de hechos es denunciado porque el agresor es un familiar.

Maricarmen Mazarrasa Corona, directora de este organismo, expuso esta problemática y acentuó que ante circunstancias de esta naturaleza “se debe estar muy pendiente”.

La atribuyó, en parte, a la desvalorización de la sociedad a personas de este sector, “desde el nombre de minusválidos, o sea con menos valor”, que se les adjudicó, pero también a que es la propia familia, incluso la madre, la que las descuida.


En lugar de fomentar el respeto y protección a mujeres en esta condición –indica-, prefiere llevarla a un hospital “para ligarlas (método anticonceptivo)”, a fin de evitar el embarazo “y pueda seguir siendo objeto sexual del papá, del tío, del hermano”.

Porque son los propios familiares quienes incurren en este tipo de actos y “ahí –refirió- es donde tenemos que intervenir”, aunque con restricciones porque el ITPCD carece de atribuciones legales.

“Pero sí nos unimos con la Procuraduría (General de Justicia del Estado) o con los Centros de Atención a las Mujeres; la primera petición de apoyo es al sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes tome cartas en el asunto, para que esto ya no siga sucediendo porque es muy común”, subrayó.

Admitió que es complicado actuar en este tipo de situaciones debido a que no hay una denuncia procedente del seno familiar, ya que son los propios parientes los que cometen algún tipo de abuso.

“Hemos llegado a conocer casos en el municipio de Tlaxco, en el de Huamantla, en el del Carmen Tequexquitla, en el de Cuapiaxtla y en el de Zitlaltepec, donde la pobreza y el hacinamiento, propician que se dé mucho, en comunidades marginadas”.

Por eso la intervención institucional es en conjunto, pues ante la falta de una denuncia formal “nos acercamos por las buenas, no podemos ir por las malas porque si no hasta a nosotros nos va mal”.

Remarcó que la intención es establecer un acercamiento para tratar de platicar y de brindar opciones a la familia. De ser necesario, la víctima de maltrato o abuso es removida de ese entorno y trasladada a otro lugar.

Sin embargo, cuando se toma una determinación como esta, el ITPCD emprende acciones coordinadas con otras dependencias, “porque hemos tenido casos de que hasta de secuestro nos acusan”. Mencionó que son “pocos” casos, no más de 10 en los que detectó alguna forma de maltrato.

Si bien el objetivo es resolver el problema, es fundamental hacerlo con un sustento legal. La falta de atribuciones jurídicas ha limitado al ITPCD a contar con un albergue para hacer frente a este tipo de asuntos.

“Hace falta un espacio para ofrecer asilo a este sector vulnerable, no solo para mujeres sino también para hombres y adolescentes, porque sí sufren maltrato. Sería un sueño e increíble, es algo que traigo en la cabeza, sobre todo para personas con parálisis cerebral”, dijo.

Mientras tanto, el Instituto trabaja en la sensibilización de la familia, se le brinda talleres y capacitación sobre una actividad productiva, “algo que les cambie esa forma de vida”, pues –añadió- de esta manera entiende “que estamos más pendientes de lo que está sucediendo en ese núcleo”, además se le ofrece transporte.

En la administración pasada, se detectó que en Huamantla había mucho hacinamiento y que era causa de abusos, por lo que una de las medidas que se llevó a cabo fue la construcción de casas, a través del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit), indicó la titular.

Hay ocasiones en las que el ITPCD tiene conocimiento de más casos de algún tipo de violencia contra este segmento de la población, por medio de los reportes del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), los cuales son canalizados a todas las instituciones involucradas.