El alcalde de Panotla, así como su tesorero y Contralor, Eymard Grande Rodríguez, Pedro Efrén Laguna Lemus y Juan Antonio Madin Cerón fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de coalición de servidores públicos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dio a conocer que logró que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra del presidente, contralor y tesorero del municipio de Panotla, por su probable responsabilidad en el delito de coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 159 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
La carpeta judicial 328/2021 y la carpeta de investigación 249/2020, promovidas y desahogadas en los Juzgados de Control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, establecen que los tres funcionarios municipales negaron información e impidieron el trabajo de revisión contable a personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Ante ello, dicho organismo promovió la denuncia penal correspondiente, misma que, tras la presentación de las pruebas documentales, dictaron el auto de vinculación a proceso en contra de los tres funcionarios.
De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada:
“Se llevó a cabo la continuación de la audiencia en la que fueron vinculados a proceso los tres servidores públicos de Panotla. Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público Especializado de la Fiscalía presentó ante el Juez de Control datos de prueba suficientes que permitieron establecer la comisión y participación de los imputados en un hecho probablemente constitutivo en el delito de coalición de servidores públicos, y por tanto se obtuvo la vinculación a proceso.
“Cabe señalar que, el Agente del Ministerio Público solicitó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. De esta manera, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción refrenda su compromiso de continuar con los actos de investigación, con el objetivo de esclarecer los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos”.
De acuerdo con el Código Penal local, comete el delito de coalición aquellos servidores públicos que, con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de tres meses a un año y multa de 180 a 72 días de salario.
Además, se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 360 días de salario, a los autores intelectuales, a los instigadores o a quienes dirijan el grupo coaligado.