Al asumir el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) el 2 de febrero de 2018, Héctor Maldonado Bonilla, expuso que las tareas en este poder estarían abocadas a la capacitación del personal y en hacer efectiva la carrera judicial, así como acabar con vicios añejos.

Sin embargo, el amiguismo o el pago de facturas políticas al parecer fue lo que imperó en los recientes nombramientos que realizaron los integrantes del Consejo de la Judicatura del estado, que preside el propio Héctor Maldonado, en áreas administrativas a fin de mejorar el servicio en el Poder Judicial.

Con la justificación de “lograr las metas del Plan Estratégico Institucional 2018–2020 y con total apego irrestricto a lo que marca la ley”, el pasado 8 de febrero tomó protesta Lilian Rivera Nava como tesorera del Poder Judicial.

Y el pasado 15 de febrero entró en funciones el ex diputado local, Ignacio Ramírez Sánchez, de profesión abogado, como contralor del Poder Judicial.

Ambos personajes están ligados al marianismo. Lilian Rivera fungió como secretaria Administrativa en la LXII Legislatura local e Ignacio Ramírez fue diputado local.

Héctor Maldonado fue nombrado por Mariano González como consejero Jurídico en su gobierno y luego fue propuesto para el cargo de magistrado.

La transparencia que tanto ha pregonado el presidente del TSJE no se reflejó al hacer las designaciones, pues no se detallan las razones por las que fueron nombrados y con quiénes compitieron para acceder a esas posiciones, lo que conlleva a pensar que fue el amiguismo lo que imperó en estos casos.

¿Acaso no había personas que ya trabajan en el Poder Judicial para ascenderlas a esos cargos para cumplir con la promesa de hacer efectiva la carrera judicial, aunque en este caso sea en el área administrativa?

¿La nueva tesorera del Poder Judicial ya cumplió con las observaciones hechas a su labor en el Congreso?