Para evitar “abusos” y el pago de tarifas de hasta 700 mil pesos, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) ha establecido convenios con algunas empresas del servicio de grúas, informó Pedro Zamora Carmona, delegado de esta asociación civil en el estado de Tlaxcala.
Refirió que estos pactos no son por escrito, pues solamente se han realizado de manera verbal con “Grúas Tlaxcala” y “Grúas Díaz”, las cuales “más o menos nos brindan apoyo”; así como las “Cuamani” de San Pablo del Monte; “con las demás si les caemos bien tenemos un arreglo y si no, hay que pelear con ellas”.
Estos convenios –anotó- son con empresas autorizadas en la entidad, para respetar la tarifa fijada en el acuerdo y están en función de la maniobra que se requiera, la distancia, la cantidad de plataformas a necesitar y las condiciones de la unidad a trasladar.
“Pero si la grúa es de la policía estatal o municipal, en las que no hay una cuota, se abusa y le piden al transportista lo que se les da la gana”, remarcó el dirigente transportista.
Sucede lo mismo con las concesionadas que portan placas federales, pues “si las solicita la Policía Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o alguna institución estatal o municipal, tampoco están reguladas y por tanto cobran lo que quieren, porque supuestamente las autoridades tienen que repartir una lana, lo hemos constatado”.
Comentó que también hay empresas para el servicio de arrastre, cuyos equipos tienen placas federales, pero “enganchan el camión y de manera irregular lo trasladan a un corralón estatal o municipal, el cual no les corresponde”.
Este es el problema en caso de un accidente –subrayó-, sobre todo cuando es atendido por una autoridad local, “porque todos quieren dinero, los de las grúas, el Ministerio Público, los policías de investigación y la Fiscalía”.
Dijo que ese es el momento en el que las cosas se complican porque al llegar al corralón le piden al transportista “un dineral y de dónde se va a sacar si el único patrimonio que se tenía ya quedó ahí atorado”, por eso muchos prefieren dejar ahí su carro y emigrar a Estados Unidos a trabajar
Hay casos en los que no solo se toma en cuenta el costo del servicio de grúa y de corralón, sino las condiciones en que se encuentra la unidad y la inversión que se requiere para repararla, por lo que en ocasiones se da por perdida, “conviene más comprar otra de uso en mejor estado o dar el enganche para una nuevo”, añadió.
Asimismo, afirmó que se ha observado la operación de muchas empresas que aún carecen de autorización para salvamento, por lo que hay un desorden que la SCT debe atender, “pero –indicó- hasta ahora no sabemos por qué no lo ha hecho, a lo mejor exageramos en decir que dan un servicio ‘patito’ y que están fuera de la legalidad”.
Hay ocasiones en las que los transportistas de carga pagan de 600 a 700 mil pesos, lo menos son 200 mil, 150 mil o 100 mil pesos “por un jaloncito. Por eso es necesario que cada compañía cumpla con la llamada ‘memoria descriptiva’, donde se asienta qué autoridad pide el servicio, cuántas grúas y de qué tipo; además se firma un reporte detallado y se precisa el importe con base en todos estos datos que señala el documento”, recalcó.