La aplicación de la ley que prohíbe el uso de “bombas antigranizo” en el estado debe ser vigilada para que su cumplimiento sea real y se imponga sanción a quien o quienes no la acaten a cabalidad, consideró Cornelio Hernández Rojas, antropólogo y especialista en el estudio de maíces nativos.
Subrayó que esta es una de las alternativas o medidas a seguir para enfrentar la situación complicada por la que actualmente atraviesa el campo para la producción de alimentos.
Si bien -resaltó- ya existe un decreto para restringir el uso de este tipo de métodos que inhiben las precipitaciones pluviales, “no es determinante”, porque en el caso de la agroindustria, esos procedimientos son empleados para producir algunos frutos en las tierras que rentan, como una manera de evitar riesgos, daños o pérdidas, pues “no les conviene que llueva tanto”.
El problema -dijo- es que de por sí las lluvias están escasas, principalmente en la zona oriente de la entidad, “pues con la implementación de las bombas antigranizo se agrava la situación” de la escasez de humedad en las tierras de cultivo.
El también investigador confió en que el decreto correspondiente “no sea impugnado”, como sucedió en el estado de Puebla, donde fue invalidado. “Ojalá no pase lo mismo en nuestro estado”.
En diciembre del año pasado el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en el estado, para impedir la aplicación de tecnología instalada o adaptada que altere el ciclo hidrológico natural, desde su fase de condensación hasta la de precipitación, en todo territorio estatal.
Al respecto, desde años atrás diversas organizaciones campesinas habían insistido en la importancia de legislar en esta materia; incluso, Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), se sumó a esta exigencia y apremió a diputados a emitir un decreto.
Aunque, al inicio de la pasada administración estatal, comisariados ejidales realizaron una protesta en exigencia de la realización de estudios científicos que permitieran despejar dudas sobre el impacto de “cañones antigranizo” que inhiben la lluvia y que son utilizados por empresas armadoras de autos, principalmente.
La organización Movimiento Social por la Tierra (MST) fue insistente en su demanda de prohibición de este tipo de equipos, pues han sido empleados por la industria automotriz que opera en Tlaxcala y Puebla, por lo que ha solicitado la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal.
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— La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) April 17, 2024
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