El representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), Jorge Martínez Castro urgió al Congreso local a dictaminar y aprobar las reformas necesarias para elevar a rango constitucional la protección de los animales. Explicó que, aunque existen leyes y reglamentos en la materia, “su cumplimiento ha sido prácticamente nulo”.
“Cada vez se registra más abandono de animales. No es solo un asunto de mascotas sin hogar, es un problema de salud pública y violencia social”, sentenció Martínez Castro, en conferencia de prensa.
Afirmó que, en Tlaxcala, los ayuntamientos no aplican las disposiciones vigentes, ni promueven campañas efectivas de tenencia responsable.
Señaló que la captura de animales callejeros no es una solución efectiva y criticó la falta de infraestructura para albergarlos. “No hay un refugio que pueda recibir a todos estos animales. Ni la matanza ni la compra masiva de insumos es viable. Lo que se necesita son políticas públicas para abatir el abandono”, dijo.
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Martínez Castro hizo hincapié en que el problema no se limita a perros mestizos: “Últimamente la raza más abandonada son los perros Husky. Muchos los tienen encerrados en departamentos sin sacarlos a ejercitarse y, cuando se convierten en un problema, los echan a la calle”.
El representante del OCPA también denunció que muchos animales entregados a los centros de control no son callejeros, sino que fueron “donados” por sus tutores. “Así como tienen uno y lo abandonan, luego tienen otro. Es el cuento de nunca acabar”.
Citando estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que en el país solo el 30 por ciento de los perros tiene un tutor responsable; otro 30 por ciento son comunitarios y el 40 por ciento vive en total abandono. En Tlaxcala, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de 500 mil perros y cerca de 200 mil gatos con tutor. Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre animales en situación de calle.
Ante este panorama, el OCPA envió el pasado 2 de mayo un exhorto al Congreso local, dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que dictamine las iniciativas presentadas por las diputadas María Ana Bertha Mastranzo Corona (Morena) y Soraya Noemí Bocardo Phillips (PVEM).
El 9 de mayo también se remitieron oficios individuales a los 25 diputados del Congreso de Tlaxcala para conocer su postura sobre la reforma. Solo cinco legisladoras respondieron afirmativamente: Blanca Águila Lima y Laura Yamilli Flores Lozano (PRD), María Aurora Villeda Temoltzin (RSP), Sandra Guadalupe Aguilar Vega (PRI) y Soraya Noemí Bocardo Phillips (PVEM).
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Martínez Castro señaló que el resto de los diputados —incluyendo a los del PAN, PT, PAC, Nueva Alianza, Fuerza por México y varios del PVEM y Morena— no han respondido al llamado. “Esperamos que antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, se pronuncien y se vote la reforma en el pleno”, urgió.
Criticó que, mientras otros temas reciben prioridad en el Congreso, la protección animal sigue rezagada. “Está bien que se ocupen de temas culturales o religiosos, pero este también es importante. Aquí se habla de salud pública y de romper ciclos de violencia”, dijo.
Recordó que el Congreso de la Unión ya prepara una Ley General de Bienestar Animal, que obligará a los estados a armonizar sus leyes. “Ojalá Tlaxcala no siga rezagado como hasta ahora. Ya hay leyes, pero de nada sirve si no se aplican”, afirmó.
Finalmente, Martínez Castro lamentó que la Legislatura no haya dado trámite a las iniciativas presentadas desde febrero y marzo. “Según el Reglamento Interno, esto ya debía haberse dictaminado desde finales de abril. Nos preocupa que termine el periodo de sesiones y todo quede, otra vez, en el olvido”.
