Sabemos que el sistema de justicia no nos ha garantizado realmente este derecho a las mujeres, pues las prácticas, la falta de especialización, el mismo machismo presente en el personal, por el contrario, se mantiene la impunidad en el estado y apenas existe justicia parcial. Por lo que aún hacen falta instituciones realmente especializadas que den respuesta real y no simulada para erradicar las violencias machistas que vivimos miles de mujeres, que realmente favorezca en los procesos de judicialización y que no desistan las mujeres de llevar a término estos procesos, que les implique tiempo y desgaste económico, psicológico y emocional.
La creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos en Materia de Violencia de Género, en “cumplimiento al principio de derecho internacional que prohíbe la violencia de género contra las mujeres”, obliga al Estado a la aplicación real y no solo administrativa de este marco internacional de protección de los derechos de las mujeres, ya que a nivel institucional se han demostrado pocos avances en la materia, pues la omisión aún prevalece para aplicar estos estándares.
Se justifica la creación de esta fiscalía en la recomendación general No. 35 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que subraya la obligación de los estados de implementar mecanismos eficaces para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, y de garantizar la reparación integral a las víctimas. Sin embargo, y a pesar de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género, no se han establecido acciones para garantizar la reparación integral del daño, lo cual no ha ocurrido en las sentencias, ya que implica otros procesos que las familias deben enfrentar, dejando la justicia de forma parcial.
Si bien la instalación de instancias “especializadas” pueden representar avances importantes para atender e investigar los delitos contra las mujeres, no se establecen las condiciones necesarias y urgentes para que las mujeres encuentren protección y accedan a la justicia, pues este sistema aún presenta muchos retos que han impedido avanzar en la atención integral, sensible y especializada para las mujeres, sus hijas e hijos, colocando a los menores en riesgos a manos de los agresores que también han ejercido violencia contra sus hijas e hijos.
La presentación de la iniciativa, enviada por el Ejecutivo local, es una muestra de la realidad que intenta ocultarse con discursos y declaraciones que niegan los niveles de violencia y el aumento de delitos cometidos contra las mujeres que coloca en riesgo sus vidas; pues al presentarse al pleno, el dictamen informó que la creación de esta Fiscalía “permitirá adaptar los estándares internacionales al contexto local de Tlaxcala, para promover una respuesta efectiva a la violencia de género que priorice la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres y que, además, contribuya a erradicar la impunidad que perpetúa este flagelo social”; pues en Tlaxcala no se han implementado estos estándares, a pesar de señalarlo en repetidas ocasiones, manteniendo una gran impunidad.
Como siempre, la incertidumbre que esto genera, responde a la poca claridad que existe sobre los alcances y en los resultados, pues ante el cuestionamiento, las autoridades se han limitado a negar aquellas observaciones que contradigan sus dichos, lo que no ayuda realmente para construir estrategias y acciones para el fortalecimiento del sistema de justicia. Ante estas posibilidades, es necesario establecer también mecanismos que observen el funcionamiento de estas instancias, para el cumplimiento de sus funciones y alcances, así como brindar a la ciudadanía información sobre el contexto actual que enfrentamos las mujeres para el diseño e implementación de estrategias de prevención y se promueva una justicia amplia y profunda.
Desafortunadamente, no sólo autoridades del gobierno local y nacional han desinformado a la población con el manejo de estadísticas que minimiza estos delitos a números; sino que también hemos identificado en las últimas semanas cómo algunos medios de comunicación han compartido notas sobre feminicidios sin información clara sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, dando la impresión de que sucedieron en el estado, lo que tampoco favorece en la documentación y conocimiento de la realidad.
Es preocupante que por un lado se nieguen los casos de feminicidios u otros delitos cometidos contra las mujeres, y por otro lado se haga uso de la violencia feminicida de otras latitudes; en ambos casos, colocan ideas erróneas sobre las condiciones de inseguridad que representa el territorio tlaxcalteca para las mujeres de todas las edades. Pero a pesar del manejo interesado de información y datos, es una realidad que aún tienen muchas deudas los gobiernos municipales, estatal y federal para empezar a modificar estos contextos, con seriedad y con la apertura de recibir aportaciones de sociedad civil, academia, sobrevivientes de las violencias y las familias que buscan justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición.
La iniciativa presentada informó que algunos de los delitos contemplados que se atenderán en esta Fiscalía son feminicidio, violación, abuso sexual, hostigamiento, acoso sexual, pederastia y trata de personas; en todos estos delitos han existido poco o nulo avance en materia de justicia, pues a pesar de que las autoridades declaran que se aplican los protocolos para investigar estos delitos, no se logra su acreditación; los peritajes no son exhaustivos ni suficientes, no se ha contribuido con su erradicación.
Se esperaría que estas acciones y financiamiento se atiendan de forma adecuada y no sólo de nombre y sin ningún tipo de compromiso, iniciando por la persona que se designe como responsable, así como el personal para su funcionamiento, desde el diseño de protocolos especializados y su aplicación adecuada, pues el Protocolo de Actuación Unificado para el Estado de Tlaxcala no es especializado, no contempla los más altos estándares, ni está armonizado con los instrumentos internacionales; conocimiento y capacidades especializadas, hasta la sensibilización con la que se brinden los servicios a las mujeres, sus hijos e hijas y sus familias.
Edith Méndez Ahuactzin