Martes, marzo 9, 2021

Tribunales, única vía para reconocimiento de pueblos indígenas rumbo a elecciones 2021: JCC

Recomendamos

Solo enfrentaron proceso penal 2 de cada 5 detenidos por la SSP en los últimos 3 años

Por cada cinco presuntos delincuentes que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en los últimos tres años, solo...

Puebla suma 17 sancionados por violencia política de género; tres aspiran a un cargo y otro más lo intentó

“Me llegó un inbox diciendo que tuviera cuidado, porque los frenos de mi camioneta podrían fallar. Luego me llegaron...

Se cerrará el relleno sanitario en siete meses, promete Andrés Caballero, quien reconoce que el estado del lugar “es terrible”

Tehuacán. Luego de cinco días de toma del Relleno Sanitario y tras la firma de acuerdos con la mediación...

Ante la dificultad que enfrentan para lograr ser consultadas y representadas en el Congreso local a partir de la próxima Legislatura, las comunidades originarias han tenido como única vía los tribunales para exigir reconocimiento a sus derechos, aseveró Juan Cocoletzi Conde, presidente de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla.

Informó que, al igual que la presidencia de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, el 14 de este mes promovió dos Juicios de Protección a los Derechos Político-Electorales Colectivos (JDC), ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

Uno es para demandar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) elabore un reglamento para que en las elecciones de 2021 sean designadas diputaciones locales, a través de sistemas normativos propios por los que se rigen casi 100 localidades de la entidad; pero también para consultarlas si aprueban o no esta modalidad.

Otro es para pedir la realización de una consulta a estas poblaciones, a fin de que expresen si aceptan o no la creación del Consejo Electoral Indígena y Comunitario. Asimismo, para que se les pregunte si desean designar a sus representantes ante el Consejo General del ITE, con derecho a voz y voto.

El presidente de comunidad refirió que ha convocado a otras poblaciones a emprender esta misma acción legal, las cuales han expresado “estar de acuerdo en sumarse”.

“Porque a nosotros, como pueblos originarios, no nos hacen una consulta; al final de cuentas nuestras leyes estatales no nos dan protección en muchas cosas ni en nuestra forma de organización”, reprochó.

Independientemente del resultado que se obtenga de estos trámites administrativos ante el TET –apuntó–, se le dará continuidad al asunto y se incorporará a otras localidades, para que logremos el objetivo, que es la defensa de nuestros derechos.

Las normas vigentes en cuanto a la organización, que en el caso de San Felipe Cuauhtenco se le denomina ‘usos y costumbres’, es sin la intervención de partidos políticos, ya que se trata de la toma de decisiones por parte del pueblo, enfatizó.

Remarcó que en el caso de la elección de autoridad mediante asamblea, el proceso no requiere de la erogación de recursos, a diferencia de aquellos que se realizan vía organismo político, por lo que hay un ahorro “de mucho dinero”.

Asimismo, recalcó la necesidad de que las comunidades originarias cuenten con un representante ante el Congreso local, “ya que no lo tenemos en forma; no hay iniciativas de ley a beneficio nuestro, pues las que se elaboran de manera general nos coartan nuestros derechos y eso es, de alguna manera, discriminación”.

-¿Ven alguna posibilidad de tener representación, voz y voto ante el Consejo General del ITE, como lo han pedido?.

-Si lo hiciéramos como una solicitud simple en el ITE, realmente sería infructuoso, por eso lo estamos haciendo a través del TET, para que se vean más las probabilidades de que pueda tener eco.

-¿Y la de contar con una diputación para pueblos originarios, derivado de la elección del año próximo?.

-Si la petición se hiciera directamente al Congreso local, sería una más, ya que no procedería para las reglas del juego actual, porque en este momento ya no se pueden hacer reformas para el proceso electoral 2021, por esos estamos por esta vía de juicios.

Ante la forma en que las instituciones han respondido en torno a la inclusión de estos pueblos y el respeto a sus derechos, expresó que “siendo muy fríos, vemos complicado” que estos requerimientos sean atendidos.

“Pero no hay peor lucha que la que no se hace, entonces ya los iniciamos y solo esperamos que en unos días se sumen otras localidades a este tipo de demandas para presionar más a la autoridad, en este caso al Tribunal, para que pueda haber un resultado positivo”.

Cocoletzi Conde mencionó que de manera personal ha invitado a las comunidades de Santa María Aquiáhuac y San José Aztatla, de Contla de Juan Cuamatzi, así como a las de Tlalcualpan, Tepatlaxco, Xochiteotla y Cuahuixmatlac, de Chiuatempan, las cuales tienen los mismos sistemas normativos de elección, sin la injerencia de partidos políticos.

“Al final de cuentas no hay forma de representación de nuestras necesidades ante el Congreso, ya que las leyes que se emiten no se adaptan a nuestra realidad, ni las políticas que desde el gobierno se aplican”.

Repasó que una muestra de ello son las actividades que se diseñan para el rescate de las lenguas maternas, “en las que nada más somos utilizados cada 20 de febrero y 9 de agosto”, en las conmemoraciones relativas a pueblos indígenas.

“Pero por ley, desde el Congreso, no se asigna una inversión específica para estas comunidades, eso es una prueba de que no somos considerados”, lamentó.

Insistió en que se deben destinar fondos especiales, porque el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuenta con recursos, pero son distribuidos en función de la gestión y del análisis que realice para determinar si los aprueba o no.

Por eso es importante que localmente haya una partida en forma, tanto para educación como para otros aspectos, “ya que solo a través de solicitudes y según al criterio de la autoridad, se dan los incentivos”.

Citó como ejemplo las peticiones realizadas como pueblo originario para que se envié a un maestro a alguna escuela de la comunidad, “sin embargo, nos dicen, no hay dinero y la SEPE (Secretaría de Educación Pública del Estado) no tiene autorizado este tipo de apoyos; creemos que la ley debe establecer la atención a demandas como esta”.

Seguiremos –dijo– en la lucha para lograr el objetivo de que los pueblos originarios sean consultados por el ITE y para tener representatividad ante los organismos y el Congreso. “No nos vamos a rendir, posiblemente vayamos hasta los tribunales federales”.

Hacer valer derechos para evitar más etnocidio

En los juicios interpuestos ante el TET, Cocoletzi Conde expone que el “discurso político local es racista, discriminatorio y excluyente”, pues a pesar de que la población del estado “es casi netamente originaria, “se escudan en la estadística tan cuestionable del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”.

Menciona que en el caso de San Felipe Cuauhtenco más de 40 por ciento de habitantes aún habla la lengua náhuatl o mexicano. “Y la gran mayoría se autoadscribe como nahua”.

Pero resalta que hay otras localidades de la entidad, donde hay población con linaje prehispánico “reflejado en apellidos, fisonomía, comida y forma de organización”, sin embargo, algunas personas respondieron al Inegi no ser indígenas, debido “a la aplastante discriminación que muchas resienten en el mundo exterior”.

Señala que en este contexto “tan adverso”, es necesaria la consulta, pues destaca que en todos los municipios de la entidad se encuentra ubicada una o más de las casi 100 comunidades regidas por sistema normativo propio.

Asimismo, precisa que a pesar de que en las 60 demarcaciones del estado se elige a la autoridad en procesos electorales donde compiten  partidos políticos, en estas hay localidades “nahuas u otomíes (o equiparables, por mantener instituciones propias)”.

Realza que los casos más emblemáticos son los municipios de San Juan Ixtenco, el único donde aún se habla “el idioma otomí tlaxcalteca”; San Pablo del Monte, que junto con su comunidad de San Isidro Buensuceso, es uno de los bastiones de la lengua náhuatl en el estado, al igual que La Magdalena Tlaltelulco y San Francisco Tetlanohcan.

En torno a los últimos dos anota que antes de ser elevados al rango de municipios, en la década de los años 90 del siglo pasado, se regían por sistema normativo propio, pero “sin ser consultados fueron víctimas de la imposición” del esquema de partidos para elegir a sus autoridades; aunque “aún mantienen una forma de organización sólida basada en la rotación entre sus barrios, tan reconocida que son de los puntos favoritos” de antropólogos.

Comenta que los cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlan, conforman “los centros históricamente más importantes del gran imperio nahua tlaxcalteca”; sin embargo, en la actualidad son presidencias de comunidad, en lugar de ser cabeceras municipales; quedan “excluidas” del papel que hoy deben tener.

De esta manera, Juan Cocoletzi pide que se haga valer a los pueblos originarios su derecho humano colectivo a la consulta libre e informada y a la participación política, “aplicando sus propias formas, “para evitar más etnocidio e imposición homogeneizadora de formas de organización” ajenas a su cultura.

En uno de los recursos, solicita la revocación del acuerdo del ITE por el cual se reforma el “Reglamento de asistencia técnica, jurídica, y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidencias de comunidad por el sistema de usos y costumbres”.

- Advertisement -
- Anuncio -

Últimas noticias

Participan cientos de mujeres en Carrera Virtual de la Mujer 2021

Bajo el lema “Correr sin miedo y no correr por miedo”, cientos de mujeres participaron el domingo pasado en...
- Anuncio -