Tratantes tlaxcaltecas han “enganchado” a mujeres y niñas en 17 estados, desde 2009: CFJG; puede empeorar gravedad del problema en el país, alerta

Al menos, de 2009 a marzo de 2025, redes de tratantes tlaxcaltecas han “enganchado” a mujeres y niñas en 17 entidades del país, obligándolas a prostituirse en 21, y han extendido su operación hacia ocho ciudades estadounidenses, identificó el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG), informó la directora de esta organización, Marisol Pérez.

En la presentación del Informe al Comité  para  la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ante la décima evaluación al Estado mexicano, por parte de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas, la también activista expuso la situación en Tlaxcala.

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Repasó que el CFJG, desde 2009 ha realizado un seguimiento hemerográfico hasta marzo del presente año, sobre redes de tratantes de origen tlaxcalteca, en el que ha identificado que estos delincuentes han “enganchado” a mujeres y niñas en 17 estados de la República y las han obligado a prostituirse en 21, pero también han trascendido las fronteras y han llegado a ocho ciudades estadounidenses.

“Lamentablemente nuestro estado, nuestro gobierno, niega la existencia del problema”, a pesar de que en 2022 se aprobó el programa estatal en materia de trata, no lo ha implementado, por lo que sigue pendiente en Tlaxcala, reconocida “como lugar de producción de tratantes”, remarcó.

Repasó que en el pais, hace 18 años, se tipificó el delito de trata de personas y se creó la ley en la materia; sin embargo, México ocupa el tercer lugar mundial en la comisión de este ilícito y produce 60 por ciento de pornografía infantil.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de 2017 a 2024 se iniciaron cinco mil 271 carpetas de investigación, lo que significa 659 por año y, en consecuencia, ese mismo número de víctimas, por lo menos, citó.

Acentuó que pese a este contexto, solamente existen 13 refugios, albergues y casas de medio camino en el país, que brindan asistencia a víctimas sobrevivientes de trata.

De este número, cinco dependen de fiscalías de justicia de las entidades y ocho, que son especializados, están a cargo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que significa “que estas se han visto en la necesidad de atender una responsabilidad que no les corresponde, sino al gobierno mexicano.”

Acentuó que la problemática de trata “es grave” a nivel nacional y puede empeorar “si no se entiende ni se atiende de forma integral”, de ahí que subrayó que es necesario que las instituciones públicas se coordinen entre sí, destinen presupuesto suficiente para implementar políticas estatales y federales.

De esta manera, enfatizó que las OSC exigen que la Comisión Intersecrearial retome las recomendaciones de las organizaciones y que actúe sin simulación, como en Tlaxcala, donde el presupuesto asignado a combatir la trata está compuesto por programas ajenos a esta situación, entre ellos el correspondiente al toro bravo.

Por ello, puntualizó que las OSC demandan al gobierno que asuma la protección y asistencia a víctimas, además que fortalezca la creación de refugios especializados, ya que la cifra actual es baja e insuficiente para cubrir la demanda en diversas regiones del país, por lo que es necesario ampliar su cobertura a nivel nacional.

Asimismo, para las asociaciones es fundamental el fortalecimiento de las fiscalías para que sus investigaciones permitan al Poder Judicial condenar a tratantes.

En este informe a la Cedaw resaltan que se carece de un presupuesto para implementar el Programa Nacional en la materia y que aún no se ha convocado a la sociedad civil ni a la academia para el diseño de uno nuevo.

“Existe opacidad en la información pública de resultados debido a que los informes anuales que se han publicado son de 2018 a 2020”, destacan.

A pesar de que hay un Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SIN TRATA) y que las autoridades han sido capacitadas para su utilización -anotan-, “no ha redundado en mayor transparencia”.

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Entre otras cosas, indican que el Estado mexicano no ha incrementado recursos para detectar, prevenir y erradicar el trabajo forzado en México, sin embargo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia (CCSJ) ha detectado que el trabajo forzado es la segunda modalidad con mayor frecuencia en trata, con una incidencia de 25 por ciento; mientras que el primer lugar lo ocupa la trata con fines de explotación sexual, con 51.3 por ciento de casos.

EI Estado tampoco ha documentado investigaciones por complicidad de agentes involucrados, sin embargo, “se tienen ejemplos como Tlaxcala, con alta incidencia en trata de personas, donde es tolerada y negada por sus gobernantes. En 2023 y 2024 no hubo ninguna carpeta de investigación”.

En este documento las OSC  recomiendan la protección de derechos e identidad de las víctimas, atención integral y fortalecimento del acceso a la justicia, así como un presupuesto suficiente para inspeccionar campos donde se utiliza a personas jornaleras agrícolas “que pueden ser víctimas de trata con fines de trabajo forzado”.