El transporte público en Tlaxcala no es público, es privado. Hasta ahora no existe ninguna política de movilidad del gobierno del estado que modifique el sistema de transporte público que permita poner orden a los concesionarios desde la lógica de la competencia pública. Ha pasado sexenio tras sexenio y los respectivos gobiernos no han generado ninguna estrategia para incorporar sistemas de transporte público que entren a competir y que sea más barato, de mejor calidad, que mejore las rutas, los tiempo de movilidad y que limite el crecimiento desordenado del transporte privado en la entidad. Mientras otras entidades del país avanzan en la puesta en marcha de metrobuses, teleféricos, autobuses de inclusión y sistemas de transporte colectivo conocido como Metro o bien aprovechando las líneas ferroviarias para brindar un mejor servicio a los usuarios, en la entidad seguimos con un profundo rezago en perjuicio de la ciudadanía.
En las últimas décadas el servicio de transporte ha crecido de forma desordenada, sin un plan permanente de renovación de su parque vehicular y con precios del servicio muy por encima de lo que ocurre en otras entidades, a ello debe agregarse las pésimas condiciones en las que circulan las llamadas combis, vitrinas, taxis, autobuses, muchas de éstos que ni siquiera respetan el reglamento de tránsito, el respeto al usuario y las pintas de paradas para descender o recoger pasajeros. Al problema se suma el servicio privado por plataformas digitales que operan en la entidad, cuyo crecimiento es exponencial en los últimos años. El desorden ha provocado una saturación en las principales avenidas del estado y ya existen las famosas horas pico donde calles completas se ven ocupadas por ese tipo de servicio. Si se revisa el crecimiento del parque vehicular de los particulares –automóvil y motocicletas– y se suma el del sistema de transporte privado, tendríamos un crecimiento impresionante en los últimos años, que pudiera explicar la nula existencia de otros tipos de transportes que desplazarán el uso del automóvil privado y la motocicleta o el uso de transporte privado.
Hasta ahora los gobiernos, independientemente del partido político y las alternancias, han dejado que la movilidad sea resuelta supuestamente por el libre mercado, que la oferta disponible y la demanda (usuarios) sea la que determine el precio, el funcionamiento, las rutas y horarios del servicio. Sin embargo, el mercado del transporte está diseñado para ofrecer privilegios a la oferta en detrimento de la demanda, es decir, los gobiernos ni siquiera logran que el mercado rija la relación y tampoco existe una regulación más severa, su nula intervención es una simulación parcial, pues lejos de promover el libre mercado solapan los abusos del sistemas de transporte privado. Ejemplo sobran, las tarifas, la arbitrariedad con la que conducen, los lugares donde se paran, la velocidad que depende de si hay o no pasaje y, desde luego, el número creciente de concesiones, es decir un falso mercado con un oligopolio que controla la entidad.
En ese sentido, el oligopolio sólo podrá romperse con la participación del sector público que ofrezca alternativas, porque el problema no se resolverá con el aumento de las tarifas del transporte, ni con la firma de compromisos por parte de los concesionarios, se requiere que haya un programa de movilidad que incorpore una oferta de servicios de transporte público que se articule a un plan de ordenamiento territorial y urbano, porque de lo que se trata no es quedar bien con los concesionarios y choferes, sino con la ciudadanía que tiene derechos sociales que incluyen la movilidad. Se necesita inversión pública y la creación de una red de sistema de transporte público con diversas alternativas, llámese metrobús, trolebús, autobuses de inclusión o sistemas teleféricos que inicialmente ofrezcan servicios en los municipios más importantes de la entidad: Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Tlaxco, Calpulalpan, Zacatelco, San Pablo del Monte y Huamantla, que servirán de puntos nodales e interconectados con los demás. Estas alternativas no sólo impactarán positivamente en la ciudadanía, sino que además varios de estos transportes no contaminan, igual que el parque vehicular actual teniendo efectos positivos para mejorar la calidad de aire. Adicional a ello se deberá poner orden en las centrales de autobuses y los servicios que ahí se ofertan, en particular a la línea que controla las salidas a México, Puebla, Apizaco y Huamantla, además de las rutas a Hidalgo que actualmente ofrecen pésimos y caros servicios.
De hecho, el transporte público privado requiere una sacudida, pues la ciudadanía no puede ser rehén de los abusos de los oligopolios que concentran la mayoría de la movilidad en el estado. Quizás sería conveniente que las autoridades del sector conozcan otras experiencias exitosas y que le demuestren con información y datos a la titular del Ejecutivo que sí es posible modificar el actual sistema privatizado de transporte público y que, por ende, se integren partidas presupuestales para tal efecto. Tlaxcala requiere urgentemente una red pública de sistema de transporte, de no hacerlo seguiremos siendo una entidad rezagada en materia de movilidad en detrimento de la calidad de vida de la población. Con el Programa 49 de Movilidad, Transporte Sostenible y Comunicaciones que está en el PED 2021–2027, no hay indicios de que los responsables del sector tengan la mínima intención de realizar una reconfiguración, aún es tiempo de acabar con los oligopolios y brindar mejores servicios a la ciudadanía.