Aunque la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sigue activa y aún no se sabe qué entidad se encargará de la misma, tras el proceso transitorio de la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Jorge Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) destacó la importancia de esta herramienta para desarrollar su trabajo.
Afirmó que esta plataforma ha sido un instrumento vital para monitorear avances en bienestar animal, especialmente en un contexto donde las omisiones estatales, legislativas y municipales dificultan el cumplimiento de la ley.
“La Plataforma Nacional de Transparencia nos permitió presionar a los municipios para que emitieran reglamentos de bienestar animal. En dos meses logramos que ocho municipios más implementaran estos reglamentos, pasando de 24 a 32. Sin esta herramienta, será mucho más difícil exigir responsabilidades y avanzar en la materia”, señaló.
Asimismo, subrayó que las acciones del Observatorio no buscan aplaudir a las autoridades, sino exigir resultados. Sin embargo, la posibilidad del no acceso a la información plantea un panorama complejo.
“Sin acceso a datos claros y confiables, nuestra capacidad de monitoreo y presión se verá seriamente limitada, lo que podría comprometer los avances logrados hasta ahora”, dijo el también activista.
Ante este escenario, enfatizó que el OCPA continuará impulsando el bienestar animal, pero recalcó que es tarea de los gobiernos garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley para proteger tanto a los animales como a la ciudadanía.
Por otro lado, señaló que el Observatorio ha tenido que enfrentar diversas dificultades para que las autoridades respondan a las necesidades de bienestar animal que se presentan en territorio estatal.
Anotó que la falta de voluntad política ha sido un obstáculo recurrente, pues “aunque logramos que el Congreso exhortara a los municipios a trabajar con la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), solo tres lo atendieron de inmediato, lo que evidencia el desinterés de algunos gobiernos locales”.
Agregó que el esfuerzo ciudadano también ha implicado altos costos, ya que con recursos propios el OCPA ha generado estrategias para que las autoridades actúen, “pero depender únicamente de nuestra presión no es sostenible ni justo. El gobierno debe asumir su responsabilidad”.
Martínez Castro advirtió que si persisten omisiones gubernamentales las repercusiones serán graves, tanto para los animales como para la sociedad, ya que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en Tlaxcala hay más de 500 mil perros y 200 mil gatos con tutor.
Por otra parte, mencionó que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que cuatro de cada diez animales están abandonados. “Esto genera una sobrepoblación en situación de calle, lo que trae problemas de salud pública y sufrimiento” de esas especies, indicó.
Regular la venta de mascotas y fomentar la tenencia responsable, son pasos esenciales para abordar este problema, sugirió el representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal en el estado.
Añadió que los reglamentos municipales son fundamentales para implementar acciones concretas, como censos, campañas de esterilización y educación sobre una tenencia responsable de mascotas.
“Sin estas herramientas, no es posible diseñar políticas públicas efectivas. Es urgente que los municipios trabajen con la Coordinación de Bienestar Animal para garantizar el bienestar y prevenir el maltrato por omisión”, insistió.
El Observatorio también reiteró la importancia de imponer regulaciones en la venta de animales, pues “se debe exigir que estos sean vendidos con sus vacunas completas, esterilizados y en buen estado de salud. Hemos visto cachorros en pésimas condiciones, siendo comercializados en mercados locales, es algo que debe terminar”.