En los últimos seis años, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala ha tramitado 85 procedimientos de responsabilidad administrativa y emitido 32 sentencias por tráfico de influencias, nepotismo y abuso de autoridad, informó el presidente de ese órgano jurisdiccional, Manuel Vázquez Conchas.
El magistrado explicó que la mayor parte de las denuncias fueron presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) derivado de la fiscalización de cuentas públicas de diferentes periodos.
“De 2019 a 2025 se han tramitado un total de 85 procedimientos de responsabilidad administrativa integrados en las tres ponencias y 32 han sido concluidos mediante sentencia, mientras que tres más están en apelación, que es cuando alguna de las partes se inconforma y 40 de estos procedimientos están en trámite y algunos son de reciente inicio de procedimiento”, detalló el funcionario en entrevista.
Sin embargo, en cuanto al resarcimiento económico del daño causado, Vázquez Conchas expuso que “el monto aproximado rebasa los 2 millones de pesos”, que involucra a tesoreros, directores de obra pública y regidores e incluso “particulares que estuvieron involucrados en el manejo de recursos en una obra pública que fue inexistente, llámese una persona física o moral”.
En el ámbito estatal, dijo que este órgano jurisdiccional ha recibido denuncias en contra del personal de la dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de ahí que sostuvo que el TJA es “una pieza central dentro del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala porque como ustedes saben este tribunal forma parte de este importante sistema donde llevamos a cabo la presentación de políticas públicas para combatir la corrupción”.
En cuanto a las sanciones, el presidente del TJA, indicó que para el caso de los servidores públicos “consiste en una amonestación, suspensión e incluso la destitución del cargo, pero todo depende de la naturaleza del asunto”, mientras que para los particulares estriba en una multa económica.
Precisó que de los 24 procedimientos que ha conocido la Segunda Ponencia a cargo de la magistrada, Luz María Vázquez Ávila, destaca la inhabilitación por “16 años en contra de servidores públicos” y una sanción económica a un particular, donde también se le obliga a resarcir el daño causado.
Recordó que desde su llegada a este tribunal, en agosto de 2024, su ponencia ha conocido de 32 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 11 han sido concluidos, cinco se encuentran en apelación y 16 en trámite, por lo que “estamos dando resultados”.
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