Cuando en 2017 inició el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, su antecesor Mariano González Zarur le había heredado una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Ahora que sale Marco Antonio Mena Rodríguez, le hereda a la gobernadora entrante, Lorena Cuéllar Cisneros, una declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Visto en sentido estricto, la declaratoria implica que el gobierno del estado de Tlaxcala no ha prevenido las diversas formas de violencia en el estado, no ha atendido a las víctimas y ofendidos, y no ha logrado una sanción importante a quienes generan la violencia directa hacia las mujeres y niñas (entre ellas el feminicidio, la desaparición y la trata de mujeres).
Si bien la Alerta de Violencia de Género se solicitó por violencia feminicida, la declaratoria incluye otros tipos de violencia, como es la trata con fines sexuales. Las anteriores administraciones han cometido una serie de equívocos ante la demanda ciudadana para actuar frente a la violencia hacia las mujeres y ante la solicitud de Alertas de Violencia de Género, entre ellas:
a) Minimizar o descalificar la demanda ciudadana. Lograr el reconocimiento de la gravedad de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala ha sido una lucha de años, la trata de mujeres y niñas es un problema denunciado por la ciudadanía desde el año 2004.
b) Caer en la tentación de diagnosticar la problemática, cuando existen estudios generados por la sociedad civil y la academia que dan cuenta de la situación actual. Obviamente en los diagnósticos se puede profundizar o actualizar.
c) Centrar las acciones en campañas de difusión. Lo cual solamente genera un conocimiento superficial de las problemáticas, pero no crea toma de conciencia y cambio de actitudes de los violentadores. Ante ello, deben generarse procesos educativos que cambien la mentalidad machista, que desde las primeras infancias se nos van instalando a los hombres.
d) Aprobar normas jurídicas o Programas solo para cumplir formalmente pero no desarrollarlos en la práctica.
e) Permitir que las instituciones responsables de operar los programas actúen de manera descoordinada, sin recursos, sin objetivos claros y sin indicadores de cambio.
f) Centrar buena parte de sus actividades en procesos de capacitación para el personal, sin que exista permanencia de estas personas, sin aumento de su sensibilidad real y sin indicadores que permitan ubicar como el conocimiento adquirido se traduce en una mejor atención, protección o sanción.
g) Permitir que en las instituciones gubernamentales exista un alto nivel de patriarcalización, sin que existan mecanismos de transformación y de sanciones.
h) Querer inventar en cada cambio de gobierno la política pública. Para el caso de la trata de mujeres y niñas ya existe un Programa Estatal, el cual no fue aplicado a cabalidad por el gobierno de Mena Rodríguez y el cual sigue siendo vigente en la mayoría de sus objetivos, mal se haría en querer inventar de cero la política pública para atender este problema.
A diferencia de sus antecesores, Lorena Cuéllar Cisneros deberá presentar un Plan Estratégico para dar respuesta a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género y tendrá recursos específicos para atenderla, pero uno de los principales retos que tiene la nueva gobernadora es actuar de manera diferente. Si de verdad tiene un compromiso con las mujeres y las niñas, y quiere obtener otros resultados positivos, deberá evitar cometer los errores de sus antecesores.