Lunes, mayo 10, 2021

Tlaxcala y el pacto fiscal

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¿Cuál es la posición de Marco Antonio Mena, gobernador del estado de Tlaxcala, en la discusión sobre la propuesta de algunos gobernadores de modificar el pacto fiscal con la Federación? ¿A un año de concluir su mandato, el gobernador del estado dejaría al siguiente gobierno con una reducción significativa del presupuesto federal por seguir a los gobernadores que exigen cambiar las reglas en la distribución de recursos públicos? Veamos de qué lado está el señor gobernador: ¿En la grilla política o atendiendo las necesidades de los tlaxcaltecas?

Tlaxcala es de las entidades federativas que vieron crecer las transferencias presupuestales en las últimas dos décadas, nada comparado con los ingresos del último tercio del siglo XX. En prácticamente lo que va del XXI su presupuesto ha tenido comportamientos al alza, independientemente de los partidos que hayan o estén gobernando a nivel federal, le ocurrió con el PAN, luego con el PRI y ahora con Morena. Prácticamente desde el sexenio de Héctor Ortiz Ortiz, los ingresos han aumentado si se le compara con los recursos por transferencias de los gobiernos, por ejemplo, de Antonio Álvarez Lima y de Alfonso Sánchez Anaya, a quienes aún les tocó recibir de la Federación un presupuesto muy bajo a pesar que en la épocas de la primera alternancia a nivel federal y estatal hubo un crecimiento importante de los recursos federales resultado del incremento del precio internacional de petróleo en el sexenio de Vicente Fox, pues hubo recursos extraordinarios, pero estos estuvieron acotados por las decisiones discrecionales del gobierno central.

Sin embargo, en la época de Felipe Calderón, los recursos a las entidades federativas, sobre todo panistas, como fue el caso de Tlaxcala, tuvieron sendos incrementos fundamentalmente por dos vías: una, el Presupuesto de Egresos de la Federación que impactó en los estatales y, la otra, por los famosos ajustes trimestrales que estaban articulados a los ingresos petroleros, pero sobre todo porque el gobierno de Calderón ocupó, además de la guerra contra el crimen organizado, la distribución de dinero público para legitimar su gobierno que fue producto del fraude electoral; repartición a diestra y siniestra, sobre todo a los partidos y gobiernos amigos. Haiga sido como haiga sido (sic., Calderón), en ese gobierno se modificó la fórmula de lo que ahora se conoce como el pacto fiscal, asegurando un mecanismo de distribución que hoy prevalece. De hecho, hay registro que el aumento de recursos no se hizo acompañar de instrumentos de auditoría que hicieran observancia del uso racional, eficaz y eficiente del dinero público, hecho que forjó el surgimiento de los virreyes en las entidades federativas, mucho dinero, discrecionalidad en su uso y escasas auditorías.

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A partir de esa época se mejoró el presupuesto por transferencias a través de distintos ramos, partidas, programas y proyectos, pero en el caso de Tlaxcala éste no se hizo acompañar de un incremento en la capacidad de recaudación fiscal local, por lo que existe hoy en día una dependencia casi total de la Federación para el impulso del desarrollo de la entidad, algunos cálculos plantean que por cada peso que se gasta en la entidad, 95 centavos provienen de la Federación, esto significa que en caso de que haya una reforma al pacto fiscal, tal como lo están promoviendo gobiernos como Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Yucatán, etc., es probable que haya afectaciones significativas a los ingreso estatales de Tlaxcala, en virtud de la dependencia presupuestal citada.

En ese sentido, los llamados promotores de los gobiernos federalistas han creado un discurso en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia para visibilizar sus inconformidades por la forma en que se distribuye el gasto federal, aludiendo que la fórmula debe considerar que los estados que más recursos aportan a la Federación se les devuelva un mayor presupuesto y que quienes aportan menos se les reduzca el dinero que se les transfiere. Sin embargo, habría que acotar dos hechos, el primero es que con la actual fórmula las entidades que más aportan reciben en términos reales más recursos que las entidades que aportan menos, no se pueden comparar los recursos que se transfieren a Tlaxcala con lo que se le otorgan a Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México; segundo, una reestructuración del pacto fiscal, tal como lo están impulsado los gobiernos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, terminaría con la categoría de subsidiaridad que precisamente pretender disminuir las brechas y desigualdades regionales en el país, pero además hay entidades que su aporte probablemente no será económico, pero lo hacen a través de sus abundantes recursos naturales y humanos con los que cuentan.

En caso de que esta iniciativa gane terreno, será importante saber cuál es la posición del gobernador de Tlaxcala, ¿será entreguista o dará la batalla por defender los recursos otorgados por la Federación a la entidad? Estamos ante la posibilidad de que los llamados gobernadores opositores les metan un tiro en el píe a entidades como Tlaxcala, con tal de que éstos lleven agua a su molino. El tema es delicado y se esperaría que el titular del gobierno, Marco Mena, tome una postura clara y congruente en defensa de los tlaxcaltecas, a menos que ya esté haciendo maletas y preparando la entrega a la oposición.

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