Sábado, agosto 13, 2022

Tlaxcala vive un grave retroceso en derechos humanos, por ignorancia o complicidad: CFJG

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Tras asegurar que en el último lustro, México y Tlaxcala viven un grave retroceso en materia de derechos humanos, especialistas aseguraron que la indiferencia de los gobiernos para combatir la trata de personas, frenar la desaparición de personas, sancionar los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, así como detener la devastación del medio ambiente atentan contra el bienestar de los pueblos. 

Al participar en la conmemoración del vigésimo aniversario del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) de Tlaxcala, el rector de la Universidad Ibero Puebla, Mario Patrón, el director de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, el representante la derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, reconocieron las condiciones precarias que enfrenta la defensa de las garantías individuales y la labor que ha realizado este colectivo en la entidad. 

Antes, la directora del Centro Fray Julián, Alejandra Méndez Serrano sostuvo que, a lo largo de dos décadas, este colectivo ha tenido su transformación, sin dejar de acompañar las demandas sociales de defensa de los derechos humanos, y trabajar para visibilizar los grandes flagelos que enfrenta la sociedad tlaxcalteca. 

Sin embargo, sostuvo que México y Tlaxcala pareciera que vive en un retroceso en la lucha y la garantía de los derechos humanos. 

“Hemos vivido décadas difíciles, adversas, particularmente en el último lustro, porque a pesar de los pasos andados por nuestras organizaciones y por muchas organizaciones, colectivos y directivos,  en este momento, en el país, el ejercicio de los derechos de las personas y colectivos pareciera ir en retroceso, pero la realidad es avasalladora, por las más de 100 mil desapariciones, las ejecuciones de las personas, la tortura, los feminicidios, los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de periodistas, la expansión de los carteles; todo ello nos está desangrando, está desgarrado México”, apuntó Méndez Serrano. 

Ejemplificó que muestra de este retroceso es el delito de trata de personas, el cual, lejos de ser abatido, ha generado nuevas estrategias que atentan contra la seguridad de niñas y mujeres. 

 “La trata con fines de explotación sexual en Tlaxcala no han cesado, sino que las redes delincuencia organizada han adaptado formas de enganche y explotación. En medio de la pandemia que estamos viviendo, desarrollaron nuevos esquemas. El informe del año 2021, sobre trata de personas del departamento de Estados Unidos, refiere que tratantes de Tlaxcala llevaron a las víctimas de trata sexual a casas particulares para ser explotadas, cuando los locales comerciales cerraron debido a la pandemia”, afirmó. 

Pese a ello, lamentó que el accionar del gobierno del estado sea sumamente limitado, “ya sea por ignorancia, falta de capacidad o complicidad”, pese al discurso oficial. 

“El alcance del problema por el gobierno estatal es, sin embargo, sumamente limitado, sea por ignorancia, falta de capacidad o complicidad. Las acciones de autoridades e instituciones gubernamentales todavía no son acordes a las requeridas por una atención efectiva ante esta grave violación de derechos humanos”. 

Muestra de lo anterior, la directora del Centro Fray Julián fustigó el proceder del titular de la Secretaría de Gobierno, Sergio González Hernández, quien en su comparecencia ante los integrantes de la LXIV Legislatura local, evidenció su de desconocimiento sobre el problema de trata de personas, como de otros, en materia de seguridad. 

“En enero de este año, por ejemplo, el secretario gobierno señaló, en comparecencias ante la legislatura local en Tlaxcala, que no hay delincuencia organizada, mostrando, el también presidente del Consejo Estatal contra la Trata, que desconoce la realidad del estado y la dinámica que este delito grave implica”.  

Abundó: “Lo anterior, incluso contando, desde 2021, con la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala, que claramente comprende la trata de mujeres y niñas y en cuya emisión, incluso el propio subsecretario de gobernación federal, Alejandro Encinas señaló que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con índices más altos de trata de personas y explotación sexual”.  

La activista agregó que al menos desde el año 2006, previo a la existencia de leyes en la materia, el Centro Fray Julián Garcés dio a conocer diversas investigaciones e informes en los que demuestra que la trata de personas tiene ciertas formas de enganche y se vinculan con otros delitos, entre los que se encuentran las desapariciones, ahora también tipificada como delito “y justo con la detención de Estados Unidos de cinco integrantes de la res de tratantes de los Meléndez Rojas, originarios de Tenancingo, a inicios de enero del 2022, se alertó a nivel internacional que las redes de trata siguen activas desde Tlaxcala, pocas veces siendo sancionadas”. 

Por tal razón, enfatizó que la creciente desaparición de mujeres en Tlaxcala, las cuales, se sigue vinculando fuertemente con el delito de la trata con fines de explotación sexual, ya que estudios, como el denominado “Nómbralas para encontrarlas”, publicado a finales del año 2021, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, revela que los municipios donde se concentra el mayor número de las desapariciones de mujeres reportadas en la entidad son Tlaxcala, Apizaco, San Pablo del Monte, Contla y Papalotla”. 

Ante tal condición, y bajo la premisa de que “la trata no ceja, sino al contrario”, la directora del Centro Fray Julián Garcés reiteró que debe haber un cambio estructural, pues este delito mucho tiene que ver con conductas machistas y patriarcales, por lo que anunció que insistirán en la creación del Programa Estatal contra la Trata de Personas para que, a través de la Secretaría de Educación Públicas se establezcan acciones y modelos educativos para prevenir esas conductas ilícitas. 

Por su parte, el director de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera reconoció la labor desempeñada por este centro durante dos décadas, ya que, por medio de sus investigaciones y trabajos, se han visibilizado problemáticas que aquejas a miles de personas y familias.

Sostuvo que, gracias a la labor de los integrantes del colectivo, “enfrentándose a intereses y al poder público”, se han realizado acciones de beneficio social y en defensa de los grupos indígenas y sectores vulnerables.  

“El trabajo que ustedes hacen para combatir la trata de mujeres y niñas, ese trabajo cara a cara con las personas, respetando y comprometiéndose con su dolor, levantando la voz y encarando al poder, no es tan fácil, porque en ocasiones se descalifica al trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, donde se desvirtúa el compromiso con las víctimas. Todo eso no es tan sencillo, porque además es un trabajo de sacrificios, donde no se busca una ganancia, se busca ante todo justicia y respeto a los derechos humanos. 

Por su parte, el rector de la Universidad Ibero Puebla, Mario Patrón, destacó la labor emprendida por el Centro Fray Julián Garcés en estos 20 año de trabajo a favor de la sociedad, en donde ha puesto en el centro de su actividad, a la mujer, al hombre, al ser humano y ese papel, con sus procesos de formación y capacitación con las comunidades y para las comunidades, han dado resultados”.  

Además, destacó el acertado papel que han hecho quienes han transitado en este colectivo para establecer estratégicas alianzas con la sociedad civil y con algunos medios de comunicación para hacer frente a los embates, descalificaciones y sobre todo, ante las presiones, a lo cual “no han cedido y eso es digno de reconocer y replicar”. 

En tanto, el representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado reconoció que el país vive momento complicados en la defensa y lucha de los derechos humanos.  

“Todavía se experimenta muy altos niveles de violencia, también es uno de los países donde hay mayor riesgo y también mayor victimización de las personas que defienden los derechos humanos vinculados con el medio ambiente y de los periodistas y esto tiene que ver que son estas personas las que denuncian la corrupción, las infracciones a la ley en contra de los recursos naturales. Los retos son múltiples y no hay una salida, pero tenemos que ser optimistas sin dejar descansar. 

A la celebración de estas dos décadas de labor del Centro Fray Julián Garcés acudieron representantes de diversos colectivos en defensa de las mujeres, derechos humanos y ambientales, así como grupos eclesiásticos y culminó con una liturgia.

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