Los incendios forestales que han afectado al estado de Tlaxcala en los últimos días no sólo han dejado daños materiales y medioambientales, sino también han evidenciado una omisión institucional grave: la inexistencia de un plan de contingencia para animales en situaciones de desastre, el cual es una obligación legal, aseguró Jorge Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA).
“La Coordinación de Bienestar Animal, que es la obligada por ley en apoyo a las actividades de protección civil, tenía que haber ya tenido una red de veterinarios para cualquier tipo de contingencia”, señaló Jorge Martínez Castro, en entrevista.
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De acuerdo con la Ley de Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala, en su título final, artículos 223 al 227, es responsabilidad de dicha Coordinación elaborar y difundir un plan de contingencia que contemple la reducción de riesgos para la sanidad, el bienestar animal y la salud pública veterinaria durante desastres. Sin embargo, este plan sigue sin darse a conocer ni aplicarse, pese a su carácter obligatorio.
Martínez Castro criticó que, hasta ahora, con los incendios ya avanzados, se haya visto algo de acción. “Desde ayer (miércoles) acudió el Instituto de Fauna Silvestre, el Zoológico del Altiplano pertenece a este instituto. Hasta hoy está acudiendo la Coordinación de Bienestar Animal”, dijo, y lo calificó como una reacción improvisada.
Según el activista, mientras las autoridades tardaban en actuar, fueron los propios veterinarios quienes se organizaron por su cuenta. “Se contactaron conmigo, me compartieron su disposición para ofrecer servicios y consultas. Entre ellos mismos iban a cooperar para tener insumos y todo. Le enviaron un oficio al Instituto de Fauna Silvestre”, explicó.
Esta red veterinaria ciudadana fue armada al margen de las autoridades, pese a que —según la ley— debería haber sido coordinada por el gobierno estatal. “Este trabajo lo tenía que haber hecho Coordinación de Bienestar Animal. También ya tendrían que tener albergues o puntos ubicados que pudieran funcionar como tal”, añadió.
Además, Jorge Martínez destacó la falta de transparencia, pues “solicitar información no debería ser necesario, la ley establece que este plan tiene que ser de dominio público y debe difundirse de forma periódica. Es parte esencial del cumplimiento legal”.
Al buscar en línea sobre el supuesto plan, lo único que aparece es una publicación de junio de 2022, donde apenas se anunciaba su desarrollo. “Desde ese entonces dijeron que iban a trabajar. Llegó la ley después, en diciembre de 2022. A como estamos, no han hecho nada”, denunció el representante del Observatorio.
La falta de una respuesta institucional eficiente contrasta con la urgencia de la situación. “Ayer el Zoológico entró a la zona, estuvo ayudando animalitos. Ahorita Bienestar fue y puso un módulo ahí para que la gente los lleve”, comentó Martínez, calificando la reacción oficial de tardía e improvisada.
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Además, cuestionó el perfil de la titular de la Coordinación de Bienestar Animal. “Me extraña que la titular sea abogada, que sea candidata a jueza y que no cumpla con la ley”, señaló.
Para el Observatorio Ciudadano de Protección Animal, la prioridad es que las autoridades reconozcan la omisión, presenten el plan exigido por ley y activen mecanismos de atención a fauna en futuras contingencias. De lo contrario, será la sociedad civil quien, una vez más, tenga que improvisar, finalizó.
