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Aun cuando el Índice de Gobierno Abierto de Tlaxcala aumentó 0.29 puntos al pasar de 0.21 a 0.50, el estado todavía se encuentra por debajo del promedio nacional que es de 0.52, así lo muestran resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019, presentada este lunes por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
El análisis realizado a nivel estatal, “muestra que todas las entidades federativas mejoraron su calificación en el Índice de Gobierno Abierto e incluso algunas de las que en la métrica anterior habían tenido las calificaciones más bajas (Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca) tuvieron aumentos en su calificación mayores al promedio”.
Del estudio se desprende que en la medición correspondiente a 2017, Tlaxcala tenía un índice de 0.21 puntos, pero en la de 2019 creció a 0.50 lo cual lo ubica en el lugar 22 y en el 27 con un subíndice de transparencia de 0.36, mientras tanto el subíndice de participación ciudadana e de 0.63, lo que lo posiciona en el sitio 19.
“El promedio nacional del Índice de Gobierno Abierto en México en el año 2019 es de 0.52 puntos en una escala de 0 a 1, donde el 1 representa el más alto valor de apertura gubernamental. El índice alcanzado en 2019 representa un crecimiento de 13 puntos respecto al valor promedio registrado en el año 2017”, cuando fue de 0.39.
Este promedio nacional está integrado por el subíndice de transparencia cuyo valor es de 0.64 y el de participación ciudadana de 0.41 puntos.
El modelo de Gobierno Abierto, impulsado desde 2016, es “un esquema de gestión de y de producción de políticas públicas, orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas políticos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social”.
Con base en esta Métrica 2019, en el caso del subíndice de transparencia, lo sujetos obligados (instituciones públicas) cumplen con sus obligaciones legales de transparencia, sin embargo las acciones que realizan para garantizar el derecho de acceso a la información “no siempre están enfocadas a responder a las necesidades de la ciudadanía”.
Mientras que e participación, “los datos arrojan que hay algunos sujetos obligados que tienen mecanismos pero siempre están en funcionamiento, ya que pueden limitar la incidencia ciudadana sobre las deliberaciones o decisiones, o bien, carecen de seguimiento a los acuerdos que ahí se generan”. El estudio señala que hay avances en la apertura gubernamental del país, comparativamente con 2017.