Tlaxcala enfrenta una crisis económica y social que no puede ocultarse detrás de cifras aparentemente positivas. Aunque la tasa de desempleo se mantiene baja (2.5 por ciento en el primer trimestre de 2025), la realidad laboral es mucho más compleja.
La informalidad alcanza un alarmante 70.9 por ciento. Lo que significa que la mayoría de los trabajadores carecen de derechos laborales básicos, como seguridad social, estabilidad y salarios justos. Este fenómeno revela que el problema no es la falta de empleo, sino la ausencia de empleos dignos.
La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (44.9 por ciento) y la subocupación (11.6 por ciento) muestran una economía que genera trabajo precario, especialmente en zonas rurales.
Allí, la pobreza laboral aumenta 2.2 puntos en el último trimestre de 2024, mientras que el ingreso per cápita cae un 3.7 por ciento. Casi el doble de la disminución urbana.
Los salarios reflejan esta brecha: mientras el promedio mensual es de 5 mil 240 pesos, los trabajadores informales ganan apenas 4 mil 400, frente a los 7 mil 230 del sector formal.
Este contexto profundiza la desigualdad y limita el acceso a servicios esenciales. Además, afecta al Estado, ya que la informalidad restringe la recaudación fiscal y la sostenibilidad de las redes de protección social.
Aunque Tlaxcala registra un récord de afiliados al IMSS (118 mil 287 en marzo 2025). Esto ocurre en medio de una contracción económica del 1 por ciento en 2024, con caídas del 5.3 por ciento en el sector secundario y del 3.8 por ciento en actividades primarias.
Para combatir esta situación, es urgente una política integral que vaya más allá de la formalización laboral. Se requiere impulsar el desarrollo rural, fortalecer los sectores productivos y garantizar acceso a servicios sociales para quienes sostienen el tejido familiar y comunitario, muchas veces sin recibir reconocimiento ni protección. De lo contrario, Tlaxcala seguirá atrapado en un círculo vicioso de pobreza y exclusión.