La Declaración Universal sigue siendo relevante aún 70 años después de su adopción. Es la guía de los Derechos Humanos que nos corresponden a todos sin distinción de sexo, raza, idioma, religión o condición social.
La Declaración cumple 70 años como el ideal común para pueblos y naciones. No obstante, la mayoría de los ciudadanos desconoce estos derechos y cómo se violan diariamente en todo el mundo. Sin duda, las mujeres seguimos siendo quienes cotidianamente vemos violentados nuestros derechos, incluido el derecho a la vida. En México, nueve mujeres son asesinadas a diario y ningún estado cuenta con mecanismos para modificar esta realidad.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por 43 organizaciones con presencia en 23 estados de la República, presentó el pasado 10 de diciembre en Tlaxcala el Informe “Implementación del tipo penal de feminicidio: Desafíos para la acreditación de las razones de género 2014–2017”, como parte de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y con el fin de informar la situación que guarda el feminicidio en nuestro estado.
El informe realizado con el apoyo de la Unión Europea y la Embajada en México de los Países Bajos, da cuenta de la ausencia de datos e información por parte de las autoridades estatales para realizar un diagnóstico real sobre la violencia feminicida en el estado, pues la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala no informó al OCNF sobre la situación de los feminicidios en la entidad en los años 2014 y 2017, sólo proporcionó información sobre los asesinatos cometidos en 2015 y de enero a junio de 2016. Tlaxcala se encuentra en la mira internacional por su omisión ante feminicidios, desaparición y trata de mujeres y niñas.
En este periodo de 18 meses, las autoridades documentaron 13 asesinatos de mujeres, de los cuales ninguno fue investigado como feminicidio y tampoco proporcionó información sobre las características que estos presentaban.
Aunado a ello, luego del análisis del tipo penal de feminicidio en el estado, si bien este se realizó desde el 9 de marzo de 2012 y ha sido reformado en tres ocasiones, este aún no se acredita.
Cabe recordar que en el 70 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, éste recomendó al Estado mexicano “adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres; así como simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba para que agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género.
¿Cuáles de estas medidas realmente se están llevando a cabo en nuestro estado? La omisión de las autoridades ha llevado a que este 2018 esté siendo, durante 10 años, el año más violento para las mujeres con 18 feminicidios y ni una sola sentencia condenatoria para los feminicidas. Las violaciones, la explotación sexual, las desapariciones van en aumento y ninguna institución ha mostrado la capacidad de hacer frente de manera contundente para minimizar los riesgos, que son tan diversos y que su análisis requiere de perspectivas y enfoques especializados.
Las expresiones de violencia contra las mujeres significan muchas violaciones a nuestros derechos, los cuales siguen pasando por mínimos para las autoridades, quienes no tienen la capacidad ni la intención de acreditar para garantizar el acceso a la justicia ante estos actos, el grado de impunidad que se mantiene en Tlaxcala es muy alto, teniendo además impactos sociales donde la violencia que enfrentamos las mujeres se vuelve nuestra responsabilidad o representa una exageración.
Las generaciones más jóvenes están conviviendo en estructuras cada vez más insensibles ante esta realidad que nos está costando la vida, donde las mujeres pueden ser atacadas, desaparecidas, asesinadas, violadas o mutiladas, colocadas en terrenos, en las calles, en bolsas o fuera de nuestra casa y se pase por alto.
Exigimos que el gobierno del estado realice las acciones necesarias para la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres, particularmente contra la trata, desaparición y el feminicidio, el cual representa la manifestación más extrema de violencia hacia las mujeres y su prevención, investigación, atención y sanción no ha tenido avances significativos por años, lo que implica una constante violación a los derechos de las mujeres.
Exigimos a las autoridades porque no debemos olvidar la razón de su existencia y los recursos con los cuales cuentan para garantizar la vivencia de todos nuestros derechos, pero también hacemos un llamado a la academia, a las empresas, a la ciudadanía en general para dejar de normalizar las desigualdades en las que nos encontramos las mujeres por razón de género y comprender que existen otras posibilidades de relacionarnos y de generar bienestar para las y los demás, a fin de materializar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y sus familias.