Pese al discurso oficial y de las autoridades encargadas de revisar su cumplimiento, Tlaxcala carece de un parlamento abierto, pues sus diputados brillan en su contradictoria opacidad por la falta de rendición de cuentas y de compromiso con la sociedad.
Esas son algunas de las conclusiones a las que arribaron investigadores de la organización Visión Legislativa, quienes urgieron a los diputados locales a modificar sus esquemas parlamentarios que permita, además de cumplir con la ley y sus obligaciones, a tener un ejercicio de la función pública cercana y abierta a la sociedad.
María del Carmen Nava Polina, fundadora de Visión Legislativa, puso el dedo en la llaga sobre el pírrico quehacer legislativo abierto de los actuales congresistas, al señalar que dada la opacidad de nuestros congresistas es equiparable como perder 183 millones de pesos al año.
“Cada persona en Tlaxcala destina 156 pesos al año para su Congreso local. No supervisar en qué se utiliza este dinero es como haber perdido 183 millones de pesos –dos veces el presupuesto asignado a la Gubernatura– y que no importe”, alertó durante su ponencia en el Seminario Parlamento Abierto que se realizó en el Congreso local a convocatoria de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax).
Muestra de esa cerrazón de los diputados por transparentar sus funciones es que el Poder Legislativo de Tlaxcala es el cuarto Congreso peor evaluado del país en la materia, sólo por arriba de Tabasco, Aguascalientes y Morelos.
Para enfatizar su visión, reveló un diagnóstico que dista mucho de la evaluación que en su momento presentó la Caiptlax y que dio al Congreso del estado una de las calificaciones más altas respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales sobre el principio de máxima publicidad.
El diagnóstico fue realizado a partir de un análisis de 10 principios como son: derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria y presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos y no propietarios, accesibilidad y difusión, conflictos de interés y la legislación a favor de gobierno abierto y con 95 variables, las cuales les permitieron reflejar el cumplimiento de sus funciones. De estos principios, los diputados de Tlaxcala reprobaron seis
Los diputados fueron reprobados respecto al principio de información presupuestal y administrativa, debido a que no detallan monto y uso del presupuesto de los diversos órganos del Congreso, de los grupos parlamentarios o legisladores en lo individual, tampoco publica informes trimestrales de gasto, ni resultados de auditorías.
Además, los diputados de la entidad también fueron reprobados porque “no aplican acciones para evitar conflicto de intereses” y muestra de ello es la basificación del hijo de la diputada Evangelina Paredes Zamora, o bien el otorgamiento de empleo a sus familiares que hicieron congresistas como Julio Álvarez y Albino Mendieta Lira.
Aunado a ello, los integrantes de la LXI Legislatura local no utilizan formatos de datos abiertos y tampoco han realizado acciones a favor de gobiernos abiertos, pero peor aún es que “la información sobre legisladores y servidores públicos no ofrece datos sobre cuentas de redes sociales, de asistencia al pleno y comisiones, ni informes de actividades o de viajes, entre otros. Tampoco presenta versiones de declaraciones patrimoniales y de intereses.
Nava Polina enfatizó que abrir los parlamentos permitirá generar rendición de cuentas y empoderamiento ciudadano para conocer, participar y evaluar las decisiones y trabajo de los congresos, pero lamentó que hasta ahora, “diputados locales, federales y senadores han dado resultados inadmisibles luego de 13 años de ser sujetos obligados de transparencia. De ahí la urgencia de implementar, más allá de declaraciones, discursos, foros y fotos, la apertura de los parlamentos.
Abundó que “en septiembre de 2015 se cumplirán tres años de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a partir de la cual se han empezado a tejer los hilos del parlamento abierto. La Declaración busca cuatro aspectos que son promover una cultura de la transparencia, transparentar la información parlamentaria, facilitar el acceso a la información y permitir el acceso electrónico y el análisis de la información.
“Quiero recalcar que parlamento abierto implica ir mucho más allá del acceso a la información y la transparencia. Significa inclusión de actores que no son legisladores en los procesos deliberativos parlamentarios. Radica en que cualquier interesado pueda conocer todas y cada una de las actividades que se realizan en comisiones. Parlamento abierto implica que haya acceso público y transmisión por medios electrónicos de las sesiones plenarias”, explicó
Por ello, la investigadora propuso que los diputados de la LXI Legislatura local, con el respaldo y apoyo de la Caiptlax, inicien ya con la construcción de parlamento abierto, en el que se adopte públicamente el discurso de construir un Poder Legislativo transparente y abierto, que por fin genere la satisfacción ciudadana con el trabajo legislativo y con ello, a la aprobación que tengan de la democracia.
Señaló que para la implementación de un parlamento abierto que permita la interacción real con la población, no se requiere de recursos extraordinarios o millonarios, justificación a la que regularmente recurren las legislaturas locales.