Domingo, noviembre 3, 2024

Tiemblan

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Tiemblan las autoridades municipales, en especial aquellos alcaldes que forman parte del grupo de más de una docena que tendrían que enfrentar la justicia penal debido a que sus cuentas públicas del año 2023 serían reprobadas. El quebranto que ellos y otros más generaron, superan los cientos de millones de pesos.

Tiemblan porque en el ocaso de su administración, saben que se quedarán solos a enfrentar sus  problemas legales por el dispendio, abusos, excesos y porque, en algunos casos, se darán cuenta que sus equipos de trabajo y “amigos” solo los usaron para sacar beneficios personales; los abandonarán a su suerte.

A unos días de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregue al Congreso local el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas del año pasado, las administraciones municipales que reprobarían sus cuentas públicas –salvo ayuda de último momento– están Tlaxcala –incluida su Comisión de Agua Potable–, San Pablo del Monte, Zacatelco, Atltzayanca, Tetlatlahuca, Huactzinco, y Cuapiaxtla, entre otros.

Llama la atención que entre las Comunas que reprobarían sus estados financieros estarían dos en donde sus autoridades resultaron reelectas.

El Carmen Tequexquitla, con María Araceli Martínez Cortez, quien enfrenta una denuncia penal por incurrir en diversas ilegalidades, por 12 millones 923 mil 764.55, solo del año 2022. Ella, gracias al manto protector de “El Patrón o jefe” –el mismo que impuso como alcalde al polémico Óscar Vélez Sánchez, quien se encuentra desaparecido y quizá muerto, según versiones de sus propios familiares–, logró ganar los comicios pese al mal uso de las arcas municipales.

El otro caso es Huamantla, con el edil ecologista Juan Salvador Santos Cedillo, a quien al parecer el manto protector de las altas esferas de poder se le acabaron. Si bien enfrenta denuncias penales por irregularidades por cerca de 5 millones de pesos de cuentas públicas anteriores, ahora el monto observado como daño patrimonial es mayor. Sabedor de ello, ya promovió sus respectivos amparos.

Los ediles tiemblan y en uno de esos movimientos torpes, propios de esa condición, pueden cometer más ilegalidades que, una vez que concluyan sus mandatos, el 31 de agosto, podrían venirse sobre ellos días negros y oscuros que los llevarían a la cárcel, salvo que desde el Ejecutivo haya algún manto protector que los salve.

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