Marcela Lagarde define la violencia feminicida como la acumulación y culminación de múltiples formas de violencia de género contra las mujeres que atentan contra sus derechos humanos y las conducen a variadas formas de muerte violenta, que son toleradas por la sociedad y el Estado; menciona además que la violencia feminicida florece bajo la hegemonía de una cultura patriarcal que legitima el despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, sexista –machista, misógino, homófobo y lesbófobo–, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.
Hemos insistido que al hablar de feminicidio es la última expresión de todo este conjunto de condiciones precarias y violatorias a nuestros derechos en los que nos encontramos permanentemente las mujeres y que el Estado tiene la obligación de contribuir a la modificación de éstas; todo lo que se encuentra en este conjunto de violencia feminicida continúa siendo invisibilizado desde una postura machista en todos los niveles de gobierno, impidiendo la comprensión de la dimensión de esta problemática que enfrentamos millones de mujeres en todo el mundo.
Es por esto la importancia y urgencia de hablar y atender las diversas expresiones de violencia y desigualdad, con políticas públicas efectivas y sensibles al género, que contribuyan a la modificación del problema de forma estructural y no sólo administrativa y superficial, que mantienen y reproducen estereotipos y una masculinidad violenta, lo que ha normalizado todas las formas de violencia que vivimos las mujeres en cualquier espacio. La violencia familiar, el aumento incontrolable de la violencia sexual, los embarazos no deseados resultado de violaciones, la negación al aborto seguro, la maternidad obligada a niñas, adolescentes y jóvenes que puede traducirse en tortura sexual, las desapariciones de mujeres, la explotación sexual, la discriminación por edad, etnia o identidad sexual que impide el acceso a un trabajo bien remunerado, son temas pendientes en el estado que vulneran la vida de las niñas y mujeres.
De acuerdo con Marcela Lagarde, en su trabajo “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, en 2004 Tlaxcala ocupó el lugar 10 a nivel nacional calculadas sólo con el número de homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres y no incluyen los culposos, en ese año fueron tres los feminicidios dados a conocer por la Procuraduría. Durante los 10 años que el Colectivo Mujer y Utopía cumplió en dar seguimiento y registro a los feminicidios, 2018 cierra como el año más violento para las mujeres en Tlaxcala, con al menos 18 casos cometidos de enero a diciembre, además de cinco supuestos suicidios que presentan características feminicidas.
Para hacer un recuento de estos 10 años, en 2008 fueron ocho feminicidios; en 2009, cuatro; 2010, seis; 2011, 15; 2012, nueve; 2013, 14; 2014, 11; 2015, nueve; 2016, siete; 2017, 15. Evidentemente la minimización que insisten las autoridades en mantener ante este delito ha permitido que no sólo se mantenga, sino que aumente ante la impunidad y falta de acciones concretas y contundentes que garanticen la seguridad de todas las mujeres.
En 10 años, los feminicidios no llegan ni al 3 por ciento para la investigación por este delito, a seis años de contar con el tipo penal no se cuenta con un Protocolo de Investigación con perspectiva de género. A pesar de su homologación con el tipo penal federal que se obtuvo después de tres reformas, no se logra su acreditación, en Tlaxcala no se cuenta con peritos especializados para tal fin, las muertes violentas de mujeres no se indagan con el supuesto de feminicidio, es más fácil calificarla como homicidio o suicidio, esta necedad tiene el fin de minimizar el feminicidio en el estado. Las omisiones del Estado siguen costando vidas y coartando vidas a familias enteras.
Durante la Audiencia del Tribunal Permanente de Pueblos llevada a cabo en 2011 en Ciudad Juárez, lugar emblemático del feminicidio, se sentenció como terrorismo de Estado a todas las violaciones a los derechos humanos, entre ellos al de vivir libres de toda violencia y el derecho a la vida de las mujeres; si bien este colegiado no es vinculatorio y no obliga a los países a la reparación del daño, su peso político ha contribuido en otros lugares a modificar esas violaciones; situación que en México no se ha presentado, pues mantiene políticas y prácticas que en todo el territorio nacional coloca en riesgo feminicida a las niñas y mujeres de todas las edades.
La situación sobre violencia feminicida que vivimos en Tlaxcala es el reflejo de este terrorismo de Estado, las autoridades no han mostrado un compromiso político para garantizar la protección de nuestro bienestar y nuestras vidas, ni siquiera de observancia, pues aún en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos no se cuenta con mecanismos que acompañen de forma efectiva a las mujeres que han vivido violaciones a sus derechos por parte de las instituciones; las cuales, por desconocimiento o por abuso de poder, niegan servicios de calidad y de protección, aumentando los riesgos fatales.
La batalla que organizaciones de la sociedad civil, activistas, feministas, colectivos y académicas hemos dado sin duda ha tenido impactos positivos; sin embargo, la seguiremos dando hasta ver garantizados todos nuestros derechos y la violencia estructural que vivimos las mujeres no sea más una constante en nuestras vidas. La violencia feminicida puede prevenirse, falta voluntad y compromiso político para lograrlo, requerimos de autoridades y funcionariado público realmente capaz y sensible para ocupar los puestos que están en la atención directa con las mujeres y quienes desarrollan y aplican la política pública para la mitad de la población, sin darnos la espalda.