Tenemos derecho a exigir nuestros derechos

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Septiembre no sólo estuvo marcado por días importantes para los movimientos de lucha feminista, sino también por una visible constante de violencia machista y feminicida en nuestro estado, con lo que a veces las palabras se vuelven insuficientes para expresar la desesperanza ante la pasividad e indiferencias de las autoridades encargadas de la protección y garantía de los derechos humanos de niñas y mujeres.

A inicios de este mes las mujeres recordamos a las autoridades y a la población en general que no hay condiciones para vivir de manera segura en México y en Tlaxcala, que la pasividad de las instituciones aumentan los riesgos para niñas y mujeres, como la que ha mantenido el ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante las desapariciones de niñas, niños y mujeres, de las omisiones de las instituciones de procuración y administración de justicia en delitos de violencia familiar, trata de personas o feminicidio; por lo que la toma simbólica de sus instalaciones, las cuales Víctor Manuel Cid del Prado simplemente ordenó limpiar de inmediato, negando la realidad que enfrentamos las mujeres, y donde asegura que trabaja en defensa de nuestros derechos desde discursos vacíos, arropándose de las trabajadoras de esta institución.

Las autoridades no están actuando de manera efectiva, no está haciendo lo suficiente para garantizar los derechos humanos, lo mismo que la CEDH, vemos mensajes como los de la Procuraduría General de Justicia del Estado donde aseguran que “refrenda el compromiso de utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para tipificar las muertes de mujeres como feminicidios, una vez que se tengan los elementos contundentes para hacerlo”, cuando estas evidencias se pierden desde el inicio del proceso al no contar con la perspectiva de género, cuando inician las investigaciones de por homicidio y después se vuelve más complicado reclasificarlo como feminicidio, pues insisten en no aplicar la sentencia de Mariana Lima Buendía; lo que ha costado el acceso a la justicia de decenas de mujeres.


Por lo que, como informa la PGJE, de 2017 a 2020 sólo han iniciado 12 carpetas de investigación por feminicidio, apenas el 14 por ciento de los asesinatos que se han ejecutado en este periodo, y de las cuales únicamente existen tres sentencias condenatorias, es decir, únicamente el 3 por ciento de casos ha tenido acceso a la justicia, aunque ninguna de estas sentencias cumplen con la pena mínima de 40 años.

Mientras las autoridades no acepten que existe la problemática de feminicidio, no habrá condiciones para prevenir y atender esta forma extrema de violencia contra las mujeres, no existirá política pública ni leyes que sirvan para enfrentar el grado de machismo y misoginia que se mantiene en el estado; mientras las autoridades continúen negando e invisibilizando cada asesinato de mujeres por razones de género, se continuará normalizando, así como han normalizado la impunidad que enfrentan las familias y víctimas en estos delitos.

No sólo se vuelve urgente la evaluación de las incompetencias de las autoridades, sino también sus prácticas machistas, las que obstaculizan los procesos de búsqueda e investigación en casos de desaparición y feminicidios, las que les impide mirar la gravedad de las violaciones a nuestros derechos y que poco entienden la razón del marco normativo para la defensa y protección de la vida de las mujeres y todos nuestros derechos; urge también que las instituciones sean ocupadas por personal capacitado, sensibilizado, con verdadera experiencia para atender, investigar y sancionar a los agresores y feminicidas; urge que al frente de estas instancias se coloquen a personas que no reproduzcan o prioricen sus prejuicios y construcciones machistas y misóginas, pues conocer el marco normativo pero no tener la intención de aplicarlo, no sólo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que se vuelven también parte de la cadena feminicida que enfrentamos las mujeres.

Las mujeres defendemos el derecho a la libre expresión, porque tenemos el derecho a exigir nuestros derechos, todos; contrario a las instituciones que el 23 de septiembre salen con comunicados y mensajes en favor de la lucha por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; o como cada 25 de mes, pero este 28 de septiembre, día en que se lucha por la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se ocupan de reprimir a las compañeras o simplemente mantienen la negativa para aplicar el marco normativo al respecto o legislar de forma integral. Además de las agresiones y amenazas virtuales que muchas compañeras viven por personas machistas, misóginas y antiderechos.

Tenemos derecho a exigir justicia para cada mujer que ha sido asesinada y olvidada para las autoridades, porque el mes de septiembre cierra con al menos cuatro feminicidios y esperan que continuemos con nuestras vidas como si no fuera importante, como si no existiera un problema de inseguridad para todas.

En palabras de Marcela Lagarde, la violencia contra las mujeres “no es una pandemia, porque no es algo que tenga que ver con lo biológico”, responde más bien a relaciones sociales basadas en condiciones de desigualdad y de poder, incluido el poder político; responde a estructuras institucionales que mantienen normalizados los estereotipos de género, con autoridades que llegan a puestos de decisión y de poder sin la mínima intención de transformar estas condiciones.