Lunes, mayo 10, 2021

Ni Congreso ni gobierno priorizaron tema migratorio; ley estatal es ‘letra muerta’, señala UMUN

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Ni la LXIII Legislatura local ni el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez priorizaron el tema migratorio, tampoco generaron condiciones mínimas para este sector, por lo que a la fecha la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias, en general, es “letra muerta”, aseveró Sergio Luna Cuatlapantzi, director de la organización civil Un Mundo Una Nación (UMUN).

A punto de culminar el periodo de diputados y el del mandatario estatal, reconoció que nadie “quiso entrarle a reconocer la preponderancia de este tema, además, la pandemia fue un elemento para justificarlo”.

La posición de las autoridades estatales es histórica con relación al tema de la población migrante tanto de origen, en tránsito como en retorno; hay –señaló– una práctica que se va heredando en las instituciones y las autoridades en turno, porque no muestran voluntad política para mejorar la situación.

“Esto también tiene que ver con un enfoque muy centralista de la política pública, como se considera que la migración es un tema de orden federal y siempre se ha abordado desde un enfoque de seguridad, incluso nacional, los estados, como lo es el caso de Tlaxcala, no han mostrado disposición de generar esas condiciones mínimas”, indicó.

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Resaltó que en años pasados la sociedad civil impulsó esta ley que reconociera derechos de esta población en su conjunto, de la que habita en Tlaxcala, transita y llega, incluidas las personas refugiadas, y que avanzó en la imposición de acciones más efectivas, como la realización de un diagnóstico amplio en materia de migración local y necesidades de la población, así como para que los municipios cuenten con instancias de atención.

Pero esas disposiciones no se hacen efectivas cuando en la práctica no se otorgan recursos para implementar lo establecido, “y eso ha ocurrido en la entidad”, pues el tema no está en la agenda pública-política, solamente cuando se le relaciona con otros problemas, como el de seguridad y de salud desde un punto de vista discriminatorio, al señalar a migrantes como responsables de un delito o transmisores de enfermedades, no para la protección de sus derechos humanos, remarcó.

“La ley ahí está y a pesar de muchas complicaciones, las Legislaturas pasadas pudieron avanzar en la creación de una normatividad medianamente útil, pues se garantizó en el papel los derechos; sin embargo –acentuó–, seguimos atorados, porque el Poder Legislativo es la instancia que toma decisiones sobre la distribución de los recursos, pero ahí están puestos los candados”.

Por tanto, entre otras cosas, aún sigue pendiente la creación del Instituto de Atención a Sujetos Migrantes y sus Familias, que sustituirá a la Dirección actual.

Apuntó que al inicio de la administración estatal vigente, las organizaciones civiles buscaron la forma de que el tema se incorporara al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, pero no fue considerado en ese documento rector.

“Hay que seguir incidiendo en esos espacios del Poder Ejecutivo para que también tenga voluntad política de mirar hacia este sector, sin embargo, fue muy claro, Marco Antonio Mena se fue más por el proyecto de infraestructura y muy pocas acciones en materia social, como lo estamos viendo”, expresó.

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