En Mesa para la Paz muestran la situación de seguridad en Tlaxcala
“Un esposo tenía prácticamente secuestrada a su esposa, la golpeaba, había violaciones, y con una escopeta él no permitía su salida”, expuso la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al informar que a través de un operativo especial en hogares con denuncia penal por agresiones, se detectaron casos de riesgo mayor para las víctimas.
Y es que, a pesar de que Tlaxcala es el segundo estado más seguro del país con una incidencia delictiva baja, la cifra es superada por las llamadas de emergencia al 911 sobre incidentes de violencia contra las mujeres, en consecuencia, la entidad ocupa en acoso u hostigamiento sexual el quinto lugar, en violencia familiar el noveno y en la de pareja el décimo quinto, reconoció Maximino Hernández Pulido, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Este contexto fue mostrado durante la Mesa de Coordinación de Paz y Seguridad efectuada en instalaciones del Centro de Comando y Control (C3), ante presidentes de cámaras empresariales, líderes transportistas y medios de comunicación.
La titular del Poder Ejecutivo local señaló que ha instruido que de cada mujer que pida auxilio al servicio de emergencia “se lleve un registro muy puntual” y sostuvo que de manera personal ha platicado con víctimas para saber cómo ayudarlas y ubicar a aquellas que están en riesgo mayor.
“También las estamos capacitando para que puedan escapar… en un caso de urgencia” y se buscan otras medidas para que haya alertas al 911 desde un celular”. Indicó.
Aseveró que hay mucha violencia contra la población femenina, generada también por el confinamiento al que la pandemia de Covid-19 obligó a la población realizar, tanto en el estado como en el país.
“Teníamos muchísimas carpetas de investigación iniciadas pero no había seguimiento; estamos regresando a los hogares con denuncias, porque esas precisamente se van el día de mañana a homicidios; ese es el grave problema si no detectamos a tiempo el grado de complejidad de la situación de cada mujer”
Mencionó que se identificaron varios casos y remarcó que la administración estatal ha brindado atención médica, psicológica y jurídica, así como la habilitación de albergues.
A su vez, Hernández Pulido puntualizó que por una parte al gobierno le preocupan los delitos, pero que las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer, los supera, asimismo, los lugares en el ranking nacional “se nos mueven mucho y es justamente donde nos encontramos parados”.
Agregó que ante esta situación se han iniciado distintas acciones, particularmente tras el decreto de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM), el pasado 18 de agosto, como la de atención psicológica a través del 911 y la creación de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas.
Pero resaltó que aún existen muchos temas pendientes, pues tan solo en las últimas 24 horas se registraron “de manera simultánea tres casos de violencia y el estado de fuerza no fue suficiente”, por lo que se debe fortalecer este aspecto.
Por su parte, Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), exhibió el comportamiento de delitos de alto impacto y apuntó que de septiembre a octubre del año 2019, se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y en el mismo periodo de 2020, fueron cuatro; mientras que en el de 2021, hay una. De estas, una se ha judicializado y un imputado ha sido vinculado a proceso.
En este comparativo de septiembre-octubre (correspondiente a los dos primeros de trabajo del gobierno de Lorena Cuéllar), anotó que por el delito de trata de personas (aunque no precisó si corresponde al tipo de explotación sexual contra mujeres), en 2019 se inició una carpeta, en 2020, cuatro, y en 2021, una. En el primero de estos años no se ejecutó ninguna orden de aprehensión; en el segundo, dos, al igual que en el tercero.
Asimismo, con base en la Unidad de Investigación Especializada en delitos de Género y Violencia Intrafamiliar, en 2019 se iniciaron 20 carpetas de investigación en este periodo; en 2020, 23, y en 2021, 32.
En 2019, solo 10 fueron judicializadas y se encuentran en trámite; en 2020, un total de 11, peo solo una ha sido concluida; y en 2021, 15 han sido judicializadas, 16 se encuentran en trámite y una ha finalizado.
En este año, del total de carpetas, 33 por ciento corresponde a incumplimiento a la obligación alimenticia, 17 por ciento a violación simple, 42 por ciento a violencia familiar y ocho por ciento a abuso sexual.
Destacó que llama la atención que en 2020, cuando la población se confinó en su hogar por la pandemia, la violación representó un 32 por ciento, y en 2019, fue de 15 por ciento.
Atribuyó que en este 2021 hay más denuncias porque la ciudadanía “tiene más confianza” de acudir a la PGJE “en este gobierno”, por lo que avizoró un crecimiento; además afirmó que junto con la SSC se aplican protocolos para la atención a víctimas. “No podemos ocultar la violencia de género que existe”.
En cuanto a personas desaparecidas no localizadas, citó datos de la Fiscalía Especializada (Fepdnl) que revelan que de septiembre a octubre de 2020 hubo 30 carpetas de investigación, lo mismo que en ese bimestre de 2021. Aseguró que en la entidad no hay casos de desaparición forzada.
La funcionaria enfatizó que del 2020, año del inicio de la pandemia y el confinamiento de personas, hubo siete alertas Amber (para la búsqueda de menores de edad) activas y que igual número de personas fueron localizadas; pero en 2021, el número es de ocho activas y de cinco localizadas.
Respecto del protocolo Alba (para la búsqueda de mujeres y niñas), añadió que en 2020 se activaron 20 y se localizaron a cinco personas; en tanto, en el presente año la cifra es de 12 y de 9, respectivamente.
Puntualizó que no hay “un minuto que se deje de trabajar” en temas sensibles, como el secuestro y el de las desapariciones, ya que no se dejan pasar las 72 horas para iniciar con el proceso de localización de una persona, sino antes.
“En general, podemos observar que la reducción de los delitos se observa y que es un porcentaje mínimo en homicidio y en violencia de género, en ninguno estamos arriba, lo que muestra que estamos trabajando en colaboración, siguiendo instrucciones de la gobernadora”, se jactó la funcionaria.
Con relación a los cuatro secuestros perpetrados en 2019, de septiembre a octubre, realzó que en 2021 solo es uno, pero en homicidio doloso, hubo 25 carpetas de investigación contra 27, en cada uno de esos años.
En cuanto a carpetas de investigación por robo de vehículos, la PGJE inició 328 en 2019; 228 en 2020 y 309 en 2021, en el mismo periodo septiembre-octubre. Sobre combate a la corrupción, dijo que la Fiscalía Especializada en la materia registró 57 denuncias en 2019 y 69 en 2021, en este bimestre.
De las 183 carpetas puestas a disposición ante el Ministerio Público en 2021, 61 por ciento ha sido por parte de la SSC y de la totalidad 41 por ciento han sido judicializadas y 23 por ciento vinculadas a proceso, ya que 36 por ciento corresponde a puestas en libertad, indicó.
Antes, Maximino Hernández Pulido explicó que existen dos fuentes objetivas para mostrar qué tan segura o insegura es una entidad federativa o municipio: una es la emanada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y la generada por el servicio de emergencia 911.
Aunque citó que hay otras, como la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que en ocasiones mide la percepción ciudadana, pero “a veces coincide y a veces no”. Acentuó que Tlaxcala por sí solo es un estado seguro, con una tendencia a ser menos violento, pues al revisar el histórico de los últimos cinco años, en términos brutos, en el año 2017 se cometieron seis mil 964 delitos y de enero a octubre de este 2021, la cifra es de tres mil 815, pero que esta condición no se atribuye a condiciones políticas.
En tanto, la gobernadora remarcó que de todas las entidades con nuevo gobierno, Tlaxcala es la única que redujo sus índices delictivos en dos meses. “Hoy logramos esa contención”, por lo que un “reto enorme” es seguir por esta vía.
A esta reunión también acudieron las representaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales ensalzaron los resultados en la materia. Aunque, a dirigentes de organizaciones empresariales ni a transportistas de les dio la palabra, Sergio González, secretario de Gobierno, ofreció que serán convocados a otras mesas en las que cada sector exponga sus propuestas y se trabaje de manera conjunta.