Por la comisión de diversas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, al menos existen 180 denuncias penales y administrativas activas en contra de exautoridades municipales, principalmente, pero también en contra de funcionarios estatales y de organismos autónomos, las cuales son sustanciadas e investigadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela informó que ha incrementado el número de las denuncias presentadas en el ámbito penal y administrativo, a 180 querellas, por el mal uso de recursos públicos, principalmente en contra de ex autoridades municipales.
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Explicó que las denuncias corresponden “a diversos periodos, desde el 2017, cuando cambia la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, de las cuales 150 denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 30 más fueron interpuestas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en su mayoría en contra de ayuntamientos, seguido de dependencias estatales y órganos autónomos.
El auditor precisó que las 180 denuncias se encuentran en proceso, porque las resoluciones “no son tan rápidas, porque una vez que se presentan las denuncias se abren periodos que la ley establece y permite que los entes tengan la oportunidad de defenderse y entonces en esos procesos, la Fiscalía o las autoridades, van implementando los periodos de desahogo de pruebas, que ellos puedan presentar y puedan seguir avanzando”.
Abundó: “Nosotros quisiéramos que los procedimientos fueran más rápidos, pero no son las únicas denuncias que hace el órgano y habrá de otro tipo y ante eso la carga de trabajo hace que su avance no sea tan rápido, pero nosotros hemos estado trabajando tanto con la Fiscalía como con el TJA para aportar los elementos”.
En entrevista, admitió que las denuncias presentadas son derivadas por el mal manejo de recursos de las autoridades, por lo que sus cuentas públicas fueron reprobadas; de ahí que han sido presentadas las denuncias correspondientes tanto en el ámbito penal como administrativo.
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El titular del OFS enfatizó que las personas denunciadas, en el caso de los ayuntamientos, son principalmente contra expresidentes municipales, extesoreros y exdirectores de obra pública, toda vez que fueron los responsables de manejar los recursos públicos y la ejecución de obra pública.
Sin embargo, en el caso de las investigaciones, las querellas podrían ampliarse a otros exintegrantes de los cuerpos edilicios denunciados, pero “serán las autoridades jurisdiccionales las que deslinden o finquen las responsabilidades que haya lugar”.