Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal por un 1 millón 69 mil 761.03 pesos, con la finalidad de hacer frente a ese fallo de la justicia laboral.
A través de un escrito, la presidente del Consejo General del IET, Eunice Orta Guillén presentó a los integrantes de la LXI Legislatura local esa petición, con el argumento de que el organismo fue sancionado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para que pague un laudo, pero no hay recursos para cumplir la resolución.
Si bien en el oficio de referencia no se hace mención a cuántos trabajadores involucra la resolución del árbitro laboral, la presidente del IET refiere que el expediente está registrado con el número CDT 483/2014 y se suma a los varios pendientes por despidos injustificados que tiene el órgano electoral.
Orta Guillén reconoce que el IET “no cuenta con partidas presupuestales disponibles para realizar el pago”, ni tampoco está en posición de afectar otras partidas del órgano, pues ello afectaría los derechos laborales de los propios trabajadores o menoscabaría las funciones públicas de los partidos políticos acreditados y registrados.
Asimismo, explicó que para el presente ejercicio fiscal cuentan con un presupuesto que no les permite hacer frente a ese tipo de erogaciones, pues detalló que el Congreso local le aprobó un gasto anual de 44 millones 298 mil 911.34 pesos, de los cuales 34 millones 841 mil 930.41 pesos corresponden a las prerrogativas de los nueve partidos políticos y sólo 8 millones 411 mil 723.02 pesos están destinados a las actividades generales del propio instituto.
Cabe recordar que en octubre del año pasado el IET propuso en su anteproyecto de presupuesto para 2014 una partida de 12 millones 900 mil pesos en el rubro de previsiones de carácter laboral económica y de seguridad social, particularmente para liquidar las sentencias de al menos 55 juicios laborales que enfrenta desde hace años y que fueron heredados por anteriores integrantes del Consejo General.
“El Instituto Electoral no cuenta con la capacidad económica para cubrir el pago de la deuda que se condenó mediante el laudo laboral referido, ni tampoco es posible afectar otras partidas, ya que ello implicaría afectar derechos laborales de los trabajadores”, acota en su misiva.
