Martes, junio 24, 2025

Solicita Barra de Abogados de Apizaco cancelar candidatura al TJA de magistrado Cortés Roa por carecer de buena fama pública

A escasas 13 días de que se celebren elecciones para renovar espacios del Poder Judicial, el presidente de la Barra de Abogados de Apizaco A.C., Daniel Morales Díaz solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) cancelar la candidatura al magistrado Elías Cortés Roa, quien busca reelegirse como integrante del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por no reunir los requisitos constitucionales de elegibilidad “ya que carece de buena fama pública”.

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En conferencia de prensa, el propio Morales Díaz detalló que la petición fue presentada el pasado 16 de mayo, y la sustentó al considerar que Cortés Roa carece de “buena fama pública, honestidad y transparencia”, ya que su actuar como magistrado no ha sido a favor de la sociedad.

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En conferencia de prensa realizada este lunes, el abogado denunció que la candidatura de Cortés Roa es incongruente con los principios que rigen al servicio público, pues existen antecedentes que comprometen su probidad. Como prueba, refirió el expediente parlamentario LXIV-SSPJP-019/2024, el cual contiene más de 180 fojas con pruebas documentales que vinculan al magistrado en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de un predio en el municipio de Yauhquemehcan.

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Dicho predio, adquirido con recursos públicos del TJA durante el ejercicio fiscal 2020, fue comprado a un costo de 6 millones 500 mil pesos, aunque su valor real, según dictámenes periciales, era de 4 millones 172 mil 400 pesos. La diferencia de más de 2 millones 327 mil pesos, subrayó Morales Díaz, constituye un presunto daño al erario y una muestra de gestión opaca, el cual ya se litiga en el Congreso del estado a travé de un juicio político.

En esta transacción también estuvieron involucrados los entonces magistrados María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, este último ya sancionado con la no ratificación de su encargo por el Congreso local, precisamente por estos hechos.

Cortés Roa fue designado como magistrado en 2014 por un periodo de seis años. En 2019 logró su ratificación por un segundo periodo que concluye en enero de 2026, pero ahora busca mantenerse en el cargo mediante una nueva vía, como es la elección popular, en el contexto de la reciente reforma judicial federal.

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La Barra de Abogados de Apizaco denunció que pese a que el Congreso del estado recibió el informe de la Comisión Especial de Diputados, en el que se presentaron elementos que “comprometen la ética de Cortés Roa”, hasta la fecha no se ha procedido con claridad sobre su situación.

Incluso, señaló que dicha omisión los llevó a promover un juicio de amparo, luego de que la Comisión Instructora de Juicio Político argumentara que los promoventes agotaron su derecho al presentar la denuncia, sin obligación del Congreso de actuar. “Esa postura es absurda”, reprochó Morales Díaz.

“El Tribunal de Justicia Administrativa no puede ser encabezado por alguien que, mientras resuelve responsabilidades administrativas de otros funcionarios, tenga en su contra un procedimiento por daño al erario”, advirtió.

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El abogado también criticó que, aunque el informe legislativo concluyó que los tres magistrados incurrieron en actos y omisiones que atentaron contra el buen despacho del servicio público, solo dos fueron sancionados en su momento, con su no ratificación en el cargo, per “Elías Cortés Roa tuvo que haber renunciado, por congruencia”, sentenció.

Cuestionado sobre el interés que tendría de promover esta impugnación a escasos días de celebrarse la jornada electiva y no desde que se dio a conocer su nominación al cargo, Morales Díaz señaló que los tiempos legislativos y la reforma judicial precipitada limitaron los mecanismos para impugnar oportunamente la candidatura. Sin embargo, aseguró que la solicitid fue formalmente presentada y que darán seguimiento al proceso ante el ITE, e incluso en sede jurisdiccional si es necesario.

Por su parte, los abogados Joel Escobedo Ríos y José Antolín Grajeda-Téllez, de la Barra de Tlaxco y Apizaco, respectivamente, respaldaron el llamado a retirar la candidatura. “Es un tema de dignidad institucional”, afirmaron.

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