En la última semana ha causado revuelo el proceso de consulta que se ha visto obligada a hacer pública la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso estatal, sobre la iniciativa de Ley de Aguas y Saneamiento para el Estado de Tlaxcala (o Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, como se le nombró el día 14 de febrero cuando se presentó al pleno). De acuerdo con lo que han comentado autoridades comunitarias y organizaciones, parece que además de las fallas que ya se han detectado hasta en la última versión del texto de la iniciativa, la forma de concretar la consulta también está dando problemas y creando la imagen de que se trata de una simulación.
Desde hace muchos años la sociedad civil mexicana ha presionado para que se abran espacios de participación en la toma de decisiones sobre el rumbo del país. Más allá de tendencias e intenciones particulares de grupos o regiones, este empuje ciudadano se ha mantenido constante y ha tenido logros locales, nacionales e internacionales que van más allá de los procesos electorales o de solicitud de información.
En el plano internacional, entre otros, tenemos instrumentos jurídicos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Observación General 15; en el ámbito latinoamericano el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que se conoce internacionalmente como el Acuerdo de Escazú. Todos ellos han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que se elevan a rango constitucional y obligan en su cumplimiento riguroso a todas las instancias gubernamentales, legislativas y judiciales de todos los estados del país.
De los documentos que hemos comentado, interesa ahora destacar el Acuerdo de Escazú, que es el que se refiere en concreto a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en temas ambientales, de los que el agua es uno de los más importantes en este momento. A través de este acuerdo todas las instancias se obligan a establecer las condiciones que sean necesarias para que se dé un proceso claro y adecuado de participación ciudadana desde la etapa inicial del proceso de toma de decisiones sobre el tema de que se trate. Es decir, en el caso de Tlaxcala debería haberse consultado a las comunidades y quizá discutido con ellas desde la pregunta sobre la necesidad o no de una ley de aguas para el estado, y entonces ver la pertinencia de elaborarla. Pero no sólo se trata de ir a preguntar ni de invitar a personas a reuniones de pocas horas, sino de adecuar la propuesta de consulta a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las y los habitantes de cada comunidad; cuidar de que se facilite la comprensión y la participación de las personas, explicando todo con claridad y las veces que sea necesario hasta lograr que todas y todos estén en condiciones de aportar de manera informada; identificar y apoyar a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva; utilizar o establecer espacios apropiados para la consulta de acuerdo con la costumbre en las comunidades; valorar el conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes a la manera de las mismas comunidades, y respetar sin restricción alguna los derechos y los tiempos de los pueblos y las comunidades locales.
Tomando en cuenta esto, y también que las y los diputados deben saber de la obligación que se les impone desde estos instrumentos jurídicos, lo mejor sería asumir que no lo han hecho bien y empezar todo de nuevo. Y, como hemos dicho, esto se requiere no sólo por las fallas e inconsistencias que tiene todavía el texto de la última versión, sino porque todo el proceso se ha llevado a cabo sin plantear siquiera la participación de la población de una manera adecuada.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos.