Por la presunta violación a sus derechos político-electorales y la comisión de actos de violencia política en razón de género, la síndica de Santa Catarina Ayometla, Chantal Cortés Díaz, interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) en contra del presidente municipal David Cortés Cuchillo, el secretario del Ayuntamiento Liborio Suárez Zempoalteca y el director jurídico, Faustino Meza Hernández.
Además, relató que, tras la promoción de este recurso y la respectiva notificación, el alcalde arremetió en su contra con una serie de nuevas acciones como quitarle el personal adscrito a la sindicatura. Incluso, reconoció temer por su integridad.
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En su demanda, la funcionaria argumentó que desde su toma de protesta, el 31 de agosto del año 2024, ha sido víctima de actos y omisiones que “han limitado, anulado o menoscabado el ejercicio efectivo de mis derechos políticos y del cargo para el cual fui electa mediante voto popular”, lo que constituye violencia política basada en elementos de género.
Cortés Díaz aseveró que los funcionarios municipales denunciados han incurrido en una serie de acciones sistemáticas y persistentes que le han impedido ejercer plenamente las atribuciones inherentes a su encargo como síndico y representante legal del ayuntamiento, entre ellas la revisión de cuentas públicas, la validación de acuerdos de cabildo y la atención de asuntos jurídicos del municipio.
En su demanda, la síndica denunció que incluso se habrían falsificado su firma en documentos oficiales y se le ha negado el acceso a la información financiera y jurídica del ayuntamiento, “conductas que vulneran no sólo el libre ejercicio de mi encargo, sino también mi dignidad como mujer y servidora pública”.
Añadió que los actos imputados violan lo dispuesto en los artículos 35 fracción II y 36 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Entre los hechos que sustentan su denuncia, la síndica señaló que se le ha excluido de las sesiones de cabildo, no se le notifican las convocatorias conforme lo establece la ley, y en ocasiones sólo se le presentan actas para firma sin que haya existido sesión alguna, lo que constituye una práctica irregular que vulnera la legalidad de los acuerdos municipales.
Cortés Díaz relató que el pasado 18 de agosto de 2025, al intentar mediar en un percance vehicular que involucró a una patrulla municipal, el juez municipal Faustino Meza Hernández se negó a realizar el convenio de mediación, “diciéndome en tono agresivo que como síndica yo debía hacerlo, aun sabiendo que no cuento con personal jurídico asignado”.
La funcionaria argumentó que esa negativa no sólo la expuso a una situación de vulnerabilidad institucional, sino que también derivó en un daño patrimonial potencial para el ayuntamiento.
Asimismo, refirió que en el pasado mes de junio fue notificada una medida de apremio por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, debido al incumplimiento de un laudo laboral contra el ayuntamiento, cuya omisión “fue responsabilidad directa del presidente municipal y del tesorero, quienes dispusieron indebidamente de los recursos presupuestados para su pago”.
Otro de los agravios expuestos por la síndica consiste en la falta de entrega oportuna e incompleta de la cuenta pública municipal, lo que le ha impedido cumplir con la obligación legal de analizar y validar los estados financieros del ayuntamiento, como dispone la Ley Municipal en sus artículos 41 y 42.
En distintos oficios, citados en el expediente presentado ante el TET, Cortés Díaz solicitó la entrega de las cuentas públicas correspondientes a los meses de octubre de 2024 a junio de 2025.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la documentación fue remitida de manera parcial o sin las firmas de autorización del presidente municipal, situación que también afecta la rendición de cuentas ante el Órgano de Fiscalización Superior.
“La omisión reiterada de entregarme información y documentación vulnera mis atribuciones legales y mi capacidad de supervisión, además de violentar mi derecho al desempeño pleno del cargo”, expresó.
En el documento presentado ante el TET, la síndica sostiene que los actos denunciados cumplen con los cinco elementos del test de violencia política en razón de género, al haberse cometido: dentro del ejercicio de un cargo público; por parte de autoridades municipales; contra una mujer electa mediante sufragio; en detrimento de sus funciones institucionales y con un impacto diferenciado por razones de género.
“Las conductas omisivas y los actos directos del presidente municipal y sus colaboradores buscan debilitar mi autoridad y credibilidad por el simple hecho de ser mujer”, expone Cortés Díaz.
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La funcionaria señala además que las agresiones no sólo afectan su desempeño político, sino también su integridad emocional y profesional, al generar un entorno laboral hostil y discriminatorio.
Por ello, Chantal Cortés solicitó al Tribunal Electoral que ordene medidas cautelares y de protección, a fin de garantizar el libre ejercicio de sus funciones y evitar la repetición de actos de violencia política en su contra.
Además, solicitó que determine la responsabilidad individual del presidente municipal, del secretario y del director jurídico, y que dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para que, en el ámbito de sus competencias, inicien los procedimientos correspondientes.
Asimismo, anexó copia de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la que acusa la falsificación de su firma en documentos públicos y la obstrucción del ejercicio de sus atribuciones como representante legal del ayuntamiento.
“No pido privilegios, sólo respeto a la ley y al cargo que me otorgó el pueblo de Ayometla”, concluyó la síndica en su demanda en manos de los magistrados electorales de Tlaxcala.
