El Congreso del estado no estableció fechas para la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala ni el plazo para la designación de dos de los tres magistrados que habrán de integrar éste, así se advierte en las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ello, porque en el decreto de adecuación de la citada norma, los diputados solo establecieron un artículo en el que fijan que “el presente decreto entrará en vigor una vez que esté instalado y entre en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa”, pero no establece fechas para el inicio de actividades de este nuevo órgano.
Con ello, se desconoce cuándo el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, deberá remitir al Legislativo su propuesta para designar a dos de los tres magistrados, ya que una de las plazas que conforman el pleno del citado Tribunal la ocupará el ya magistrado Elías Cortés Roa.
El jurista actualmente ocupa un espacio en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en la Sala Unitaria Administrativa, pero de acuerdo con las reformas constitucionales en la materia, los diputados establecieron que Cortés Roa continuará como magistrado del nuevo organismo “con los derechos adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado”.
De acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal estará integrado por tres personas propuestas por la o el gobernador del estado y ratificadas por el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso local dentro del improrrogable plazo de 30 días (de su presentación o remisión al Legislativo).
Si el Congreso del estado no resolviere dentro de dicho plazo, se entenderán por ratificados los propuestos por la o el gobernador. No obstante, en caso de que los diputados rechacen alguna o la totalidad de las propuestas, el mandatario someterá otras en los términos de la citada ley y si éstas fueran rechazadas, ocuparán el cargo las personas que designe la o el gobernador.
Además, puntualiza que en ningún caso el Tribunal se integrará con tres personas del mismo género y durarán en su encargo seis años, podrán ser ratificadas para un periodo igual y sólo podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley.
Es de destacar que el nuevo Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local, municipal y los particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves de corrupción.