Siendo gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros celebraba que justo antes de tomar posesión al cargo fuera emitida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pues esto “genera esperanza de un mejor porvenir de seguridad para las mujeres”. A casi un año de gobierno, lejos está de perfilarse ese mejor porvenir y los datos están ahí, se han multiplicado los casos de desapariciones y feminicidio.
No, tener la Alerta de Violencia de Género para todo el territorio estatal no ha cambiado mucho la realidad de omisión, negligencia y simulación de las autoridades municipales y estatales. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son contundentes, pues las carpetas de investigación por delitos cometidos contra mujeres se han incrementado en un 127 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior y las llamadas al 911 han aumentado en un 34 por ciento.
Si los cuerpos policiacos son a todas luces deficientes para realizar su función, sus conocimientos en materia de derechos humanos y género son por demás limitados y para muestra lo sucedido el #8M y la reiterada incapacidad para prevenir y atender los hechos de violencia en el espacio doméstico y público. Y hay que observar las infamias en la procuración e impartición de justicia.
Por otro lado, no se tuvo el tino por parte de las autoridades estatales de dotar de presupuesto a las instituciones involucradas con el tema de la Alerta de Violencia de Género y qué decir del Centro de Justicia para las Mujeres; de ese nivel es el compromiso para con la seguridad de las mujeres y niñas que viven en Tlaxcala. Así, sin presupuesto y sin conocimiento, padecemos los resultados.
Las buenas intenciones son el camino directo al infierno y más si esas buenas intenciones son carentes de conocimiento, profesionalismo y especialización, por lo que resulta grave poner en manos de una persona ajena al estado, como lo es Clara Luz Flores Carrales, para echar a andar un programa para prevenir la violencia de género. Lo que es escandaloso es que a nadie en el gobierno estatal ni en los municipios se les ocurre empezar a dejar atrás las omisiones institucionales en el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado. Muchas cosas seguro cambiarían si cumplieran con lo que tienen obligación de realizar y dejaran de inventar salidas mágicas.