Sin argumentos jurídicos ni razón alguna fueron considerados, por Movimiento Ciudadano, los cinco juicios electorales promovidos en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y con los cuales, pretenden dejar sin gran parte del financiamiento público a esta fuerza electoral.
Fue a través del representante de Movimiento Ciudadano ante el ITE, Néstor Omar Paredes Salinas, quien salió en defensa de la asignación que hizo el árbitro electoral, al asegurar que la pretensión de los partidos políticos Alianza Ciudadana (PAC), Verde Ecologista de México (PVEM), Redes Sociales Progresistas, de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT), Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt) de excluirlos de la bolsa de recursos asignados de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados de mayoría relativa, es improcedente.
El argumento de los partidos quejosos es debido a que Movimiento Ciudadano carece de representación ante el Congreso del estado, ante la renuncia de su legisladora, Sandra Aguilar Vega, debe aplicarse la disposición establecida en la Ley de Partidos, la cual prevé que las fuerzas políticas que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, “o aquellos que habiendo conservado su registro, pero no cuenten con representación en el Congreso local, sólo tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público que se asigna de manera igualitaria, que es el equivalente al 30 por ciento del total de prerrogativas”.
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El representante enfatizó que los inconformes sólo mostraron desconocimiento de la normatividad y de los precedentes legales existentes, por lo que vaticinó que los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) declararán la improcedencia de dicho medio.
“Partiendo de una interpretación inadecuada y desconociendo precedentes y jurisprudencia obligatoria, consideran que el financiamiento otorgado a Movimiento Ciudadano se efectuó en contravención a la normativa electoral, piden que se revoque el acuerdo impugnado, pues estima que solo se debe asignar el 2 por ciento del monto que por financiamiento para las actividades ordinarias permanentes corresponda a los demás partidos políticos, por no contar con representación en el Congreso del estado de Tlaxcala”, refiere.
“Asume incorrectamente, sin fundamento constitucional ni legal alguno, que la persona postulada y electa como diputada plurinominal por Movimiento Ciudadano en la LXV legislatura local debe mantener dicha representación partidista durante los tres años del periodo constitucional de la mencionada legislatura. Según su equivocada opinión, esta es la condición para que el partido reciba el financiamiento público al que se refiere el artículo 87, apartado A, fracción II, y apartado C, fracción III, de la Ley de Partidos y olvidan que la asignación del financiamiento público otorgado por el ITE no depende de la voluntad unilateral de una persona, sino de la fuerza electoral de cada partido, reflejada en las preferencias electorales plasmadas en la votación de la última elección de diputados originalmente electos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional”.
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El representante de Movimiento Ciudadano enfatizó que la exigencia de dichos partidos es inconstitucional, de ahí que confió en que no exista ninguna determinación que los afecte.
“La falta de fundamento del agravio del actor se evidencia por el hecho de que ni la Constitución federal y local, ni la Ley de Partidos, general y local, refieren expresa o implícitamente que la renuncia a una filiación partidista conlleve automáticamente la pérdida del derecho a recibir las prerrogativas mencionadas en el artículo 87 de la Ley de Partidos. Por lo tanto, afirmó que parten de premisas falsas que le llevan a una interpretación errónea de la normatividad electoral y a estimar incorrectamente que resulta aplicable la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas”, concluyó.
