Eréndira Cova Brindis, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseveró que de encontrar responsabilidad administrativa de exservidores públicos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) en el caso de la llamada “estafa maestra”, no se dará paso a la impunidad.
Entre 2017 y 2018 se dio a conocer que con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la UPTx se encuentra involucrada en el desvío de alrededor de 178.6 millones de pesos, los cuales transfirió a empresas externas vía convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En este escándalo también estuvieron implicadas otras instituciones educativas de nivel superior en el país, por la realización de contratos de forma irregular por la cantidad total de 7 mil 600 millones de pesos, y derivado de ello, Rosario Robles, quien estuvo al frente de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue encarcelada en 2019.
Durante 2019, Maricela Escobar Sánchez, entonces titular de la Contraloría del Ejecutivo (CE), hoy SFP, declaró a los medios de comunicación que no podría señalar si este asunto tendría alcances penales, pero ofreció un procedimiento apegado a derecho y con objetividad, aunque en los meses posteriores se mostró más hermética para hablar sobre el tema.
El presunto desvío de recursos en la UPTx llegó al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), donde una persona presentó diversos recursos de revisión en contra de la UPTx y de dependencias para que proporcionaran información al respecto, pues se habían negado a responder su solicitud.
En esos expedientes se mencionó como empresa prestadora de servicios a la UPTx a la denominada Elvan de México S.A de C.V. y como supuesta compañía “fantasma” a Cidaut Latinoamérica. Dos de los recursos promovidos estaban registrados con el número 08/2018 y 11/2018.
La “estafa maestra” bajo lupa de la nueva administración
Ahora, como integrante del gabinete de la nueva administración estatal, Eréndira Cova refirió que este caso sigue su curso en la SFP y repasó que la ASF practicó una revisión a la UPTx, en cuanto al Convenio de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos suscritos con la administración pública federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.
De acuerdo con los resultados de esa verificación, se determinó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, al atribuir a servidores públicos de esta universidad la conducta de no vigilancia al cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, anotó.
En virtud –añadió– de que en 2016 suscribieron tres convenios de colaboración específicos con la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano, en los que declararon que la UPTx contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización de estos acuerdos.
“No obstante a lo anterior, esos funcionarios subcontrataron los servicios con otras empresas. Esta fue la conducta por la que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa”, recalcó la secretaria.
–¿Cuál es el estatus actual en el que se encuentra este caso?
–El estado es el de etapa probatoria.
Pero “los servidores públicos señalados como presuntos responsables de incurrir en esta falta interpusieron un recurso de nulidad (ante la justicia federal), estamos en espera de que se dicte la resolución correspondiente” y se notifique.
Esta impugnación fue promovida por Luis Aquiáhuatl Hernández (representante legal de la UPTx), Narciso Xicohténcatl Rojas (ahora exrector de la UPTx) e Imelda Silva Samperio (entonces directora administrativa), por lo que una vez que sea emitido un fallo esta Secretaría lo turnará a la autoridad resolutora para que determine cuál será la sanción, indicó.
–¿Existe algún riesgo de prescripción de este asunto?
–No. Los abogados comentan que tan luego haya una resolución a este recurso interpuesto contra la determinación de iniciar un proceso de responsabilidad administrativa, lo cual se prevé que sucederá en el transcurso de este mes de abril, se pasará a la siguiente etapa.
–¿Hay probabilidad de que el caso quede impune?
–No lo vamos a dejar pasar, es un tema en el que hemos tenido cuidado en la Secretaría; si bien tuvimos una serie de rezagos y expedientes acumulados, nos hemos dado a la tarea de ir revisando y atendiendo todos los expedientes para su pronta atención.
–De acuerdo con las investigaciones realizadas, ¿se constató el posible involucramiento de empresas “fantasma”?
–Se habla que tuvieron contrato con varias empresas, yo desconozco si algunas de ellas fueron “fantasma”, pero sé que fueron varias las que participaron en esta subcontratación.
Subrayó que habría que esperar a que todas las etapas se agoten, pues ya se desarrolló la de investigación y la de substanciación, por lo que faltaría la del recurso de nulidad, la cual sería la última en la que la SFP tiene injerencia en este caso.
“Si fuese un asunto grave lo estaría atendiendo el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); en cuanto a lo que nos corresponde, es solamente en la actuación administrativa que esos servidores públicos tuvieron”, acentuó.
Sobre la supuesta absolución a la UPTx por parte de la ASF en la “estafa maestra”, según la declaración de Enrique Padilla Sánchez, rector de esa institución, en abril de 2019, Cova Brindis no lo ratificó, por el contrario, recalcó que de comprobarse un daño patrimonial al erario, lo atraería la Auditoría Superior, pero que la SFP “no atiende esta parte”.
Abundó que tampoco podría señalar en este momento el tipo de sanción a la que se harían acreedores los ahora exservidores públicos involucrados, si es que se constata su responsabilidad administrativa; pero “la calificación va desde una amonestación, una suspensión o inhabilitación; aún sería prematuro decir a cuál de estas”.