Ante la manifestación de padres de familia de la primaria “Educación y Patria”, así como el cierre de la institución y el bloqueo de la calle Lardizábal en la capital tlaxcalteca en demanda de la reinstalación de la directora, María del Carmen Esmeralda García Zárate, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández sostuvo que estas acciones “lejos de apoyar a su directora, la están afectando aún más”, pues sostuvo que “el espacio de defensa no es la calle”, pues se ve afectado el derecho de las estudiantes del plantel.
En entrevista, el secretario de Educación expuso que son falsas las acusaciones de que la dependencia tuviera la intención de trasladar la institución a otra zona y convertirla en una escuela mixta, pues hasta ahora no se han efectuado acciones en ese tenor, para lo cual se requeriría de la donación de un terreno y la consulta con padres de familia, ni se han recibido denuncias por discriminación por motivos de género en la inscripción de estudiantes varones.
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Acerca del supuesto despido de la directora de la institución, Meneses Hernández explicó que al inicio del ciclo escolar 2023–2024 la SEPE recibió múltiples denuncias de padres y madres de familia que acusaban a la institución de llevar a cabo cobros para la contratación y el pago de salarios de un maestro de inglés y una maestra de computación, cobro de cuotas escolares administradas por la escuela, cobro de uniformes escolares vendidos, administrados o gestionados a través de la institución y la obligatoriedad de cubrir estos pagos para la inscripción de las estudiantes.
Ante lo cual, el área jurídica, la Contraloría y la Dirección de Educación Primaria asistieron a la escuela para investigar, tomaron evidencia para demostrar que las acusaciones eran reales y encontraron una situación irregular en el manejo de los recursos escolares.
Por ello, la SEPE llevó a cabo el proceso judicial correspondiente y se encuentra a la espera de la determinación del órgano interno de control y de la Secretaría de la Función Pública, que podría resultar en la inhabilitación de la directora al menos tres meses.
No obstante, continuó el secretario de Educación, la directora tiene derecho de presentar sus argumentos en contra del procedimiento lo que, aparentemente, no ha hecho y en su lugar ha recurrido al movimiento social a través de las y los padres de familia.
Fue en este sentido que apuntó que buscaba dejar algunas reflexiones acerca de esta situación; la primera de ellas, que ninguna institución de educación básica, menos una que brinda atención mayoritariamente a niñas, puede violentar el derecho a la educación de las infancias para proteger a la directora.
En segundo lugar, expuso que si la directora cuenta con algún argumento jurídico a su favor está en su derecho de utilizarlo; sobre lo que aprovechó para desmentir también que la SEPE haya presionado a la directora a jubilarse, sino que fue ella quien se ofreció a hacerlo.
“Nosotros no tenemos interés en que se jubile, nosotros tenemos interés en que se dé la aplicación de la ley”, de acuerdo con lo que determinen las autoridades correspondientes; por lo que calificó que “el espacio de defensa no es la calle”.
Por último, sostuvo que los padres de familia tienen derecho a participar en múltiples aspectos de la educación de sus hijos, salvo en las situaciones relacionadas con las cuestiones pedagógicas de la docencia y el aspecto laboral. Ante lo que comentó que con la manifestación de esta mañana “lejos de apoyar a su directora la están afectando aún más”, pues a las acusaciones que se tienen en su contra se suma la afectación al derecho a la educación de las niñas.
Además, refirió que la directora ha hecho señalamientos en contra de otras docentes, por lo que comentó que probablemente la SEPE tenga que investigar estas acusaciones para determinar la participación del personal docente en el manejo irregular de los recursos.
Acerca de la determinación de los padres de familia de contratar a la directora por sus propios medios, el secretario de Educación dijo que esto no sería posible, a menos que deseen instalar una escuela particular, para lo cual tendrían que cumplir con un procedimiento legal.
Sostuvo que era decisión de la directora jubilarse o argumentar el recurso legal en su contra. “Está en su decisión, ella decide”, aunque sostuvo que el derecho de las infancias a la educación no debía vulnerarse.