El pasado lunes 28 de octubre, Hildeberto N., ex alcalde de Zacatelco, recibió una sentencia condenatoria por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en un procedimiento abreviado. La jueza de control dictó una pena de seis meses de prisión y una reparación de daños de 2 millones 886 mil 60 pesos, convirtiéndose en el primer alcalde del estado en recibir una sentencia de este tipo. Hildeberto N. permanece en prisión, mientras se espera que un juez de ejecución determine si podrá conmutar su pena.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en colaboración con la Guardia Nacional (GN), detuvo al ex edil luego de una auditoría correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. Durante esta revisión, se encontraron irregularidades en el uso de los recursos municipales, incluyendo adquisiciones y pagos por bienes y servicios, lo que derivó en su aprehensión en mayo de este año 2024.
El procedimiento abreviado, solicitado por el propio Hildeberto N., permitió acelerar el proceso judicial, obteniendo una condena en menos tiempo y ahorrando recursos procesales. Aun así, el ex alcalde deberá esperar la decisión del juez de ejecución sobre su posible salida anticipada, aunque la jueza ha determinado que actualmente debe cumplir su sentencia en prisión justificada.
Paralelamente, la Fiscalía de Tlaxcala continúa en investigaciones en otro caso de relevancia en el estado. Tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están implicados en delitos de extorsión, de los cuales dos ya han sido detenidos. Según el fiscal Carro Roldán, “las pruebas presentadas son contundentes y esperan avanzar en las vinculaciones correspondientes para llevar a cabo las sanciones necesarias”.
Asimismo, la Fiscal, señaló que en un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales, la gobernadora de Tlaxcala destinó recientemente 75 millones de pesos para la homologación de salarios de policías de investigación y peritos. Este apoyo financiero permitió elevar los sueldos de elementos que anteriormente estaban en condiciones precarias, incluso sin derecho a servicios médicos.
Además, con esta inversión, la gobernadora logró que ningún policía de investigación labore bajo un contrato temporal, asegurando que todos tengan derechos laborales garantizados, incluyendo el acceso a servicios médicos y prestaciones de ley. “Esta homologación de salarios representa un avance significativo para la Fiscalía y sus elementos, cuyo trabajo es esencial para mantener la seguridad en el estado”, señaló Carro Roldán.
En cuanto a la seguridad estatal, la FGJE informó que trabaja en colaboración con peritos y policías de investigación para esclarecer recientes denuncias de asaltos en diversos municipios. Con la implementación de tecnología y operativos de inteligencia, la Fiscalía busca aumentar la efectividad de sus investigaciones y brindar una respuesta inmediata a las denuncias de los ciudadanos.
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