El martes nos encontramos con la muy triste información, publicada a manera de noticia desde un boletín emitido por el gobierno estatal, de que el gobierno del estado de Tlaxcala recibió un reconocimiento por parte del Clúster Automotriz Zona Centro, “por el apoyo que ha brindado a las empresas de este sector”.
“Le queremos agradecer –se cita al presidente del Clúster al momento de la entrega–, a través de este reconocimiento, su respaldo hacia el sector, su visión y liderazgo para impulsar el crecimiento industrial, la atracción de inversión y fortalecimiento de esta comunidad de autopartes tan importante para la región.”
Y cómo no le van a agradecer, si el gobierno de Tlaxcala se ha distinguido en estos años justo, como ya lo dijo el gobernador Mena desde su informe de 2019, por “facilitar condiciones, allanar el camino y quitar obstáculos como las condiciones de regulación…”, con tal de que las industrias nos hagan el favor de asentarse en nuestro territorio.
Hay que decir que el territorio de Tlaxcala forma parte de la Red Nacional de Clústers de la Industria Automotriz, constituida desde mediados de 2019, y que está asentada en tres regiones geográficas en las que se han provocado ya terribles procesos de devastación socioambiental (agotamiento de mantos acuíferos, destrucción de recursos naturales, contaminación, afectaciones graves a la vida, a la salud y a la cultura de las comunidades…): la zona comprendida por los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; la zona de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y la región del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Y entonces, es posible que este reconocimiento al gobierno del estado, entre otras consideraciones, se deba a que ha contribuido a que, por ejemplo y de acuerdo con datos publicados ya desde 2018, la industria automotriz pueda pagar a sus trabajadoras y trabajadores, en promedio, hasta 3.14 dólares la hora, mientras que en los Estados Unidos y en Canadá se paga a 28.6 y 26.34 dólares, respectivamente; a que el costo de las autopartes para el armado de los autos sea mil 500 dólares más barato y a que las empresas automotrices armadoras ahorren hasta 700 dólares por auto armado en comparación con lo que cuesta en Estados Unidos. Por no decir nada ni cuestionar el que de las más de 200 empresas del ramo que se ubican en la Cuenca Atoyac–Zahuapan, sólo 14 de ellas aporten información al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; por no mostrar interés en que se actualice el registro público de derechos de agua y en que no haya manera de saber con precisión la ubicación geográfica de los sitios concesionados para descarga de contaminantes, y por no hacer nada tampoco porque se deje de considerar normativamente a todas esas empresas bajo la sola categoría de “industrial”, sin importar su tamaño ni su área de especialidad.
Seguramente también le reconocen el que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones y de acuerdo con información del Inegi, tampoco diga ni haga nada en relación a la grave situación de salud de las y los habitantes de las comunidades ubicadas en la Cuenca, a causa de los procesos de degeneración celular acelerados por las condiciones de contaminación en que vivimos (conforme lo documenta y reconoce la CNDH en su Recomendación 10/2017, gestionada por habitantes de diversas comunidades tlaxcaltecas), y que se traducen en diversos tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica y abortos espontáneos, y que han llegado a provocar la muerte de una persona cada cuatro horas por estos padecimientos.
¡Cómo no van a estar agradecidas las industrias del sector automotriz con el gobierno de Tlaxcala!
Mal harían si no le reconocen por todos los servicios que les presta al anteponer siempre sus intereses privados sobre los intereses y los derechos de toda la población. Y así, como se cita al gobernador Mena en el boletín publicado: “En los próximos años será inevitable que al pensar en Tlaxcala se piense en el sector de las autopartes.”, muy tristemente así, también será inevitable pensar en las consecuencias de las acciones y no acciones de esta administración sobre la devastación social y ambiental en el estado.