La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján pidió a los sindicatos avanzar en la actualización de sus estatutos, expuestos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues si bien con las organizaciones de registro federal se tiene un avance de 90 por ciento, en el caso de los gremios con registro en las entidades federativas es de apenas el 23 por ciento a la fecha.
Lo anterior lo expresó la funcionaria federal durante su participación en la Mesa de Trabajo con Sectores Obrero–Patronal sobre la Implementación de la Reforma Laboral y Legitimación de Contratos Colectivos convocada por la STPS con representantes de los estados de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
En esta mesa de trabajo, realizada a través de una plataforma digital, participaron por Tlaxcala la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Karina Edith Torres Vázquez y el encargado de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana (Sepol), Manuel Camacho Higareda.
Al inicio, Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), desarrolló el tema Reforma Laboral y destacó que el trabajo de los Centros de Conciliación que se abrieron desde el 18 de noviembre pasado en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Campeche y Chiapas va bien y con resultados satisfactorios.
Observó que el reto de estas oficinas es que la mayor parte de los conflictos laborales lleguen a soluciones a través de la conciliación y el diálogo, sin renunciar a los derechos y el equilibrio de las partes.
Domínguez Marrufo también refirió que aún hay sindicatos que no utilizan los instrumentos y plataformas informáticas que les pueden ayudar en el cumplimiento de las disposiciones que obligan la Reforma Laboral, por ejemplo, solicitar la constancia de representatividad y con ello no asistir a las oficinas ante la emergencia sanitaria de Covid-19.
Por último, presentó los avances del CFCRL al 18 de febrero de 2021, entre los que enumeró: 3 mil 159 conflictos individuales atendidos, 558 convenios derivados de procedimientos de conciliación, 968 convenios sancionados (con acuerdo previo entre las partes), 365 constancias de no conciliación, 515 demandas radicadas en tribunales laborales federales y 119 solicitudes de constancias de representatividad.
Por su parte, Luisa María Alcalde habló sobre la legitimación de los contratos colectivos y destacó que estas mesas de trabajo con las entidades federativas tienen como objetivo conocer los retos de la implementación de la Reforma Laboral y escuchar dudas en torno a este tema.
Realzó que la creación de los tribunales laborales y centros de conciliación es un cambio de cultura y en la forma de relacionarse de las autoridades con los sindicatos, los sindicatos con los trabajadores y las empresas con los sindicatos.
“La importancia de la Reforma Laboral es cambiar el modelo de justicia porque cualquier persona que se haya enfrentado a un conflicto laboral sabe lo tortuoso que resulta un procedimiento que está a cargo de las Juntas Locales y Federal, y no es culpa del personal sino del propio procedimiento en el que se han involucrado muchos mecanismos que generan una tardanza desmedida. Hablamos de juicios de hasta 20 años en resolver y eso perjudica a los trabajadores que muchas veces, incluso, no alcanzan a ver en vida los laudos”, refirió.
Por eso, agregó, la Reforma Laboral es la puerta de entrada para un modelo moderno y ágil, que apueste a la conciliación y un cambio importante es que en los centros de conciliación se va a intentar que las partes lleguen a un acuerdo, que en un punto medio se solucione la mayoría de los conflictos, “calculamos que el 80 por ciento de los conflictos se resuelvan a través del diálogo y sólo aquellos que no se resuelvan así, que acudan a los tribunales, frente a autoridades imparciales, autónomas y frente a un juez y en una audiencia pública, transparente y con mecanismos tecnológicos se pueda escuchar a las partes para desahogar las pruebas y emitir una sentencia en no más de seis meses”.
Recordó que en 13 entidades (Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur) más entrará en vigor este nuevo modelo laboral a partir del 1 de octubre, por lo que cerrarán sus puertas las Juntas Locales y se abrirán los tribunales laborales y centros de conciliación para garantizar la justicia laboral.
Con el cierre de las Juntas, ya no recibirán nuevas demandas laborales, pero todos los asuntos pendientes se siguen desahogando y, en su caso, resolviendo y ejecutando, pues así se establece en una disposición transitoria de la Reforma Laboral.
Alcalde Luján hizo énfasis en que los sindicatos deben garantizar a sus trabajadores que sus dirigentes se elijan de manera democrática, esto es, a través del voto libre, personal, directo y secreto.
Además, los sindicatos deben informar en qué se gastan las cuotas de los obreros con el fin de que haya transparencia y rendición de cuentas, así como que haya reglas que permitan una proporcionalidad en razón de género en las propias directivas.
Para ello, los sindicatos tienen la obligación de modernizar sus estatutos. A la fecha, dijo que el 90 por ciento de los gremios con registro federal ya lo han hecho y apenas el 23 por ciento de las organizaciones con registro estatal, por eso pidió avanzar en este tema para establecer esto como una garantía para las organizaciones.
Recordó que históricamente se han firmado casi medio millón de contratos colectivos en el país y la LFT estableció la legitimización de éstos porque muchos se signaron sin el respaldo de los trabajadores y muchos son de protección, producto de la extorsión, por lo que uno de los elementos de la Reforma Laboral es que existan sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores.
“La legitimación de los contratos es la llave de entrada al nuevo mundo laboral y la fecha límite para hacerlo es el 1 de mayo de 2023. Es un proceso que se realiza en una sola ocasión y esto permitirá depurar todos los contratos, pues si no se legitima el contrato se da por terminado”, advirtió.
Dio a conocer que el 4 de febrero de este año entró en vigencia el Procedimiento de Inconformidad que sirve para ver si se declara la constancia de legitimación o se declara nula en caso de que haya desacuerdo de los trabajadores con su sindicato.
Puntualizó que los procesos de legitimación de contratos se realizan ante la STPS a la fecha, pero a partir del 1 de mayo va a ser en el CFCRL.