El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del estado, Jaciel González Herrera informó que cuentan con una propuesta concreta para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de transformar la actual Secretaría de la Función Pública en la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte de una armonización legislativa con el orden federal.
La iniciativa, explicó el legislador, forma parte del andamiaje legal que da continuidad a la reforma constitucional aprobada el pasado mes de junio, a través de la cual la LXV Legislatura local extinguió al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), tras 18 años de existencia.
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González Herrera precisó que el primer paso será modificar la Ley Orgánica estatal para formalizar el cambio de denominación y funciones de la actual Secretaría de la Función Pública. Posteriormente, se prevé la creación de un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo de Tlaxcala”, que asumirá las funciones de acceso a la información pública y protección de datos personales, pero con autonomía funcional limitada, ya que estará jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Anticorrupción.
“Es un proyecto que viene desde el ámbito federal y que armonizaremos a la realidad local. Este nuevo órgano contará con autonomía para la toma de decisiones, aunque su titular será nombrado directamente por la Secretaría, lo que nos permite tener una figura funcional pero alineada con el nuevo esquema institucional”, explicó el diputado del Partido Verde Ecologista de México.
Durante el proceso de transición y mientras se construye el marco normativo local, aclaró, se mantendrá vigente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de no dejar en estado de indefensión a las y los ciudadanos. El nombramiento del nuevo director del órgano también se realizará en los próximos meses.
El legislador reconoció que, además de la Ley Orgánica, se requerirá reformar un paquete de normas secundarias, entre ellas la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque evitó precisar cuántas leyes en total serán objeto de modificación. “Es un análisis muy profundo, pero ya se está trabajando en ello. En su momento, se dará a conocer con puntualidad”, aseguró.
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Frente a cuestionamientos sobre el posible debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, González Herrera afirmó que el Congreso local será vigilante para evitar que estas reformas se traduzcan en retrocesos.
“No se debe permitir que se fomente la opacidad. Nosotros como legisladores estaremos pendientes de que el trabajo legislativo se mantenga firme en la defensa del derecho a la información”, sostuvo.
El proyecto será presentado en los próximos días ante la Comisión de Puntos Constitucionales, y en caso de obtener el respaldo mayoritario, se turnará a la Junta de Coordinación y a la Mesa Directiva para ser enlistado en una sesión extraordinaria del Congreso.
